Los desastres y la urgencia de sobrellevarlos con una ley

ALTO RIESGO. Los eventos naturales son inminentes en un país de poca previsión

Ecuador poco o nada invierte en la prevención y en la gestión de reducir la vulnerabilidad de los desastres, pero las cifras revelan las millonarias pérdidas que estos eventos dejan en su economía. Según el colectivo Ecuador con Gestión de Riesgos, los daños de seis crisis naturales (desde el fenómeno de El Niño hasta el último terremoto) bordearon los $ 130.000 millones. Las consecuencias motivan a académicos e investigadores a promulgar una ley que impulse estudios y planes de acción.

129.500 MILLONES DE DÓLARES

son las pérdidas económicas que han dejado al país seis desastres de gran magnitud.

La memoria recurrente de los ecuatorianos se activa cada cierto tiempo cuando ocurre un sismo o las lluvias se intensifican más de lo habitual. Sucedió hace un par de semanas cuando el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IGEPN) alertó de un cúmulo de 90 movimientos sísmicos (de 3 grados a 4,9 grados) ocurridos en menos de 10 días en el territorio marino cerca de Esmeraldas.

Muchos recordaron las imágenes trágicas que generó el sismo del 16 de abril de 2016. Fue entonces que volvieron ciertas preguntas generadas desde el temor que tienen los ecuatorianos con respecto a las catástrofes monumentales. ¿Qué tan preparados estamos? ¿Sabemos afrontar las desgracias? ¿Los edificios ya no se caerán? ¿Hay estudios, pero no planes? ¿Están los planes, pero no las obras en físico?

Desde la academia y con experiencias de investigadores ecuatorianos, EXPRESO analiza qué tanto cambió el escenario en los últimos 30, 20 o 5 años luego de la ocurrencia de algunos de estos eventos.

Hugo Yepes, investigador que durante mucho tiempo estuvo a cargo de la dirección del IGEPN, asegura que sí han existido cambios, pero que la inversión en la prevención es mínima comparada con las pérdidas económicas generadas por la suma de eventos como los fenómenos de El Niño y los sismos.

Yepes menciona el hallazgo obtenido por el colectivo Ecuador con Gestión de Riesgos, que afirma que el monto acumulado por las pérdidas y daños de seis desastres (desde El Niño de 1982-83 hasta el sismo de Pedernales en 2016) sobrepasa los 129.500 millones de dólares, lo cual dobla el monto de la deuda pública nacional y supera el valor del PIB del año en curso (2020).

Algo similar opina Jaime Argudo Rodríguez, quien formó parte de la investigación para el proyecto Radius, que ejecutó entre 1998 y 1999 las Naciones Unidas, en cooperación con el Municipio de Guayaquil.

Tras este proyecto, que permitió determinar las zonas más vulnerables de la ciudad y recomendó acciones de prevención de desastres, Argudo indica que se han dado logros importantes, pero han sido aislados. “Algunas instituciones reforzaron sus estructuras. Un ejemplo es la terminal terrestre de Guayaquil”.

Sin embargo, este técnico sostiene que las acciones de riesgos sísmicos se deben manejar de manera sostenida en el tiempo, “sin un sello político y con una decidida y firme intención de invertir en seguridad. Lo cual, muchas veces no se ejecuta como objetivo a corto plazo”.

En Guayaquil, cientos de casas ocupan zonas de alto riesgo (laderas, riberas del estero). Su reubicación implica un costo económico. Pesa más el costo político. “Estas acciones integrales caen en territorio de los municipios”, agrega Argudo, máster en Ingeniería por la Universidad de Texas.

Álex Villacrés Sánchez, ingeniero civil especializado en Ingeniería Sismorresistente en la Universidad de California (Berkeley) y en el Instituto Kajima (Tokio), y quien también participó en Radius, asegura que “no hay conciencia nacional sobre fenómenos naturales y sus efectos”, por lo que hace falta educación. “Todos los gobiernos quedaron debiendo por la falta de implementación de materias sobre el tema en primaria y secundaria. Con los simulacros no basta”.

Un desinterés que no tiene necesariamente que ver con el pasado. El colectivo Ecuador con Gestión de Riesgos ha analizado los planes de gobierno de los 16 candidatos a la Presidencia y ha encontrado que solo seis partidos o movimientos políticos incluyen en sus propuestas el tema de la reducción de riesgos de desastres.

Ninguno de los especialistas entrevistados deja de desconocer el avance que el país ha tenido en los últimos 30 años. No fue igual la reacción ante una desgracia de la Defensa Civil a fines de la década de los 70, que la que se dio tras el sismo del 2016.

Uno de los avances es precisamente el mandato específico que estableció la Constitución de 2008, que incluyó la gestión del riesgo de desastres con el objetivo expreso de reducir las vulnerabilidades, asegura Yepes Arostegui. Fue entonces que se creó el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos. “Pero han pasado doce años y este mandato sigue siendo una tarea pendiente, por la falta de una ley”. Sin una normativa, no hay capacidad de pedir cuentas de lo que no se hizo bien, agrega este investigador.

Villacrés Sánchez también se refiere a esta necesidad. “Debería crearse una legislación para sancionar a las autoridades que encargan estudios sobre estudios, pero sin saber siquiera de dónde se obtendrán los recursos para contratar las obras”. Este técnico menciona un ejemplo: los estudios para la recuperación de la playa de Salinas. “Fueron contratados por el GAD de ese cantón en 2004, 2010 y 2016 con tres diferentes contratistas. No se ha ejecutado ni un dólar”.

En su momento, uno de los logros en la gestión de riesgos lo implicó la actualización de la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC), del 2015. Para Yepes, el sismo del 2016 tuvo que haber sido ubicado como un antes y un después para actualizar la NEC.

“Es inconcebible que el país, luego del terremoto del 2016, no tenga una norma actualizada con la información que se originó en ese momento. Lo que se hizo a partir de esos días no fue construir mejor, sino construir de vuelta. Con ciertas excepciones”.

Este investigador se refiere al hecho de que las nuevas construcciones que se levantaron tras desalojar los escombros de los edificios caídos, se ejecutaron con una información que tras el sismo quedó desfasada. “En la mayoría de países, las normas de este tipo cambian con los terremotos y con la información que se recoge de estos”.

Para Pablo Quinde, profesor en la Universidad San Francisco de Quito e investigador en el Instituto de Ingeniería de la UNAM (México), una de las debilidades de las normas es que no son retroactivas. Es decir que, para bien o para mal, no ejercen control sobre lo que ya está construido.

A esto se suma, de acuerdo con Argudo, que el principal problema de la inseguridad sísmica se centra en la construcción informal. “Ni siquiera tienen permisos municipales, mucho menos se puede esperar que tengan un apego a las normas de construcción”.

AL TOPE

En 1998, Radius estimó que el 55 % de las estructuras en Guayaquil no tenían permiso de construcción. Hoy, entre el 20 y el 25 % son sismorresistentes.