La justicia inmoviliza las cuentas de Yunda
La compra de pruebas no cumplió con los parámetros fijados ❚ La Fiscalía solicitó prisión preventiva para el alcalde y otras 6 personas
Más responsables. La compra irregular de pruebas para la detección de COVID-19 salpicó incluso al alcalde de Quito, Jorge Yunda. Ayer, la Corte Provincial de Pichincha resolvió, según confirmó la Fiscalía, que el funcionario use grillete electrónico y tenga prohibido salir del país.
Yunda, que es alcalde desde 2019, también tendrá que presentarse periódicamente ante la justicia mientras dure la instrucción fiscal de 30 días.
Incluso sus cuentas quedaron inmovilizadas y se dictó la prohibición de venta de bienes por cinco millones de dólares. Esas medidas aplican para los siete involucrados que ayer acudieron a la audiencia de vinculación en Quito.
La Fiscalía General del Estado publicó esas resoluciones en su cuenta de Twitter.
Juan Pablo Albán, abogado del alcalde, cree que esa información es errada y considera que la Fiscalía General del Estado está desinformando. Él asegura que en ningún punto de la resolución se estableció que Yunda use el aparato geolocalizador en su tobillo. Dijo a EXPRESO que se pedirá que el juez aclare su decisión.
El grillete, en caso de que sea parte de la resolución, afectará a tres investigados más. Entre ellos, Linda Guamán, científica reconocida internacionalmente.
Ella está señalada pese a que llegó a la Secretaría de Salud del Municipio después de que la compra de pruebas se concretara. Fue nombrada coordinadora de la entidad precisamente para transparentar la situación y la eficacia de las pruebas que se compraron desde Corea del Sur.
La situación, sin embargo, es más grave para la actual secretaria de Salud del Municipio de la capital, Ximena Abarca. Pese a que ella no realizó la compra, sino que llegó como reemplazo de Lenín Mantilla (quien efectuó la transacción para la contratación), se dictó prisión preventiva en su contra. Otros dos señalados también recibieron la misma medida.
Originalmente, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva para Yunda. Ese pedido no fue acogido.
Los representantes de la Fiscalía sostienen que la adquisición de las 100.000 pruebas habría representado un perjuicio para el Estado de 4,2 millones de dólares.
Horas antes de la audiencia,
Yunda dijo en su cuenta de Twitter que las pruebas protegieron a los quiteños y que ya tiene otros proyectos. “Tengo la conciencia tranquila, nuestro siguiente paso: conseguir vacunas para Quito”, resaltó.
LA CIFRA 4,2 MILLONES
de dólares sería la afectación al Estado por la transacción
anómala.