Una crisis carcelaria sin resolver desde hace años
EMERGENCIA. Los estados de excepción no atajaron los graves problemas internos
No solo hay bandas criminales en las cárceles de Ecuador, agitando con violencia y crueldad el ambiente interno. También hay graves deficiencias de infraestructura, de recursos y de espacio que alimentan la tensión y obstaculizan, según la Defensoría
del Pueblo, la reintegración social. Dos emergencias de seis meses en dos años no han resuelto un problema que se saldó este martes con 79 muertos en amotinamientos simultáneos. El subdirector del sistema penitenciario SNAI renunció ayer.
EL DATO
Presidencia. Lenín Moreno insistió en vincular el amotinamiento orquestado en las cárceles con decisiones pasadas del gobierno de Rafael Correa.
Ecuador tiene un fallido sistema de rehabilitación social en las cárceles. La falta de una política integral ha provocado que en los últimos años los índices de violencia, como la masacre ocurrida el martes en los tres grandes centros penitenciarios, sigan en aumento.
Medidas emergentes como los estados de excepción (dos desde 2019), que con sus ampliaciones duraron seis meses y que implicaron la movilización urgente de las fuerzas del orden, no han resuelto los problemas de violencia y corrupción que se viven en los Centros de Privación de Libertad (CPL).
La Defensoría del Pueblo, que realiza visitas periódicas a los establecimientos penitenciarios, ha evidenciado varias problemáticas que han sido recurrentes, lo cual, de acuerdo con esa entidad, desmejora las condiciones de privación de libertad y, por ende, afecta al objetivo de una rehabilitación social integral y la reinserción a la sociedad de los presos.
El estado de excepción de 2019 le costó al país $ 20 millones. Con esos recursos se realizaron mejoras de infraestructura, alimentación y equipamiento, según detallaron las autoridades del sistema nacional carcelario.
Pero la Defensoría, en un informe publicado en 2020 sobre esa medida excepcional decretada por el Gobierno, sostiene que continúan en las prisiones los problemas de hacinamiento, falta de personal y de infraestructura.
La información recopilada por el organismo mostró que la referida declaratoria de emergencia no se tradujo en mejora alguna en las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad.
“Aparte de determinadas adecuaciones puntuales en algunos centros (que no generaron el impacto deseado ante la grave situación por la que atravesaban y atraviesan los CPL), continuaron observándose deficiencias en la infraestructura, quejas reiteradas respecto a la calidad y cantidad de la alimentación, falta de acceso a los servicios de salud, demoras en la tramitación de los beneficios penitenciarios, inadecuados espacios de separación para personas con enfermedades contagiosas, y condiciones de hacinamiento que en algunos casos llegaba a triplicar su capacidad”, desglosa el reporte.
Para Armando Benítez, experto en seguridad, la estructura del Estado, al no disponer de un Consejo de Seguridad que esté activado permanentemente, desnuda la pobre política estatal de rehabilitación, concebida únicamente para la reacción y manutención de los presos. “Tan solo el Gobierno busca una salida más fácil con un estado de excepción, como si este mecanismo fuera una solución”, cuestiona.
La situación que se vive en las cárceles va empeorando cada año, a pesar de que los gobiernos de turno supuestamente intentan implementar políticas de rehabilitación social direccionadas a disminuir el hacinamiento y mejorar la seguridad, diagnostica por su parte la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) en un informe sobre la crisis del sistema de rehabilitación.
“Se asumía que a partir del año 2013, periodo en el cual se implementó el modelo de gestión penitenciaria por parte del Gobierno de Rafael Correa a través de su ministro de Derechos Humanos, José Serrano, los problemas de hacinamiento y seguridad iban a cesar. Sin embargo, desde el inicio de su implementación se comenzaron a ver deficiencias en los servicios básicos que deben tener los centros de rehabilitación social”, observa.
EXPRESO corroboró esa situación en un recorrido efectuado el año anterior. Doce mil internos de las megacárceles de Guayaquil, Latacunga y Turi seguían alimentándose en condiciones similares a las viejas prisiones: esos establecimientos fueron construidos sin comedores ni lavanderías.
Este año, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), entidad a cargo de las cárceles, tiene dos programas dentro de su plan operativo anual. Ambos terminan su periodo de vigencia en 2021, pero no disponen hasta ahora de presupuesto.
Uno, por $ 41,1 millones, es para la contratación del servicio de alimentación de las personas privadas de libertad. Y el otro, para la transformación del sistema de rehabilitación social, por $ 2,6 millones.
EL DETALLE
Decisión. El Gobierno dispuso al Ministerio de Defensa “ejercer un estricto control” de armas, municiones y explosivos en los perímetros de las cárceles.
LA FRASE
Seguimos investigando los hechos. Los autores serán sancionados.
LENÍN MORENO, presidente de la República