Diario Expreso

COVID-19: Un año de errores y de buscar cuerpos perdidos

Tras un año de la confirmaci­ón del primer caso de COVID-19, se cometen los mismos errores. Doctores dicen que el Gobierno no los escuchó

- CRISTINA BAZÁN SALCEDO bazanc@granasa.com.ec ■ GUAYAQUIL

Doce meses han transcurri­do desde que se confirmara el primer caso de coronaviru­s en el país. No hay mejora en la calamitosa situación económica y sanitaria. Todavía hay 68 muertos no identifica­dos

El 29 de febrero de 2020 el tiempo se detuvo por unos minutos en Ecuador. Tras varias semanas de preocupaci­ón e incertidum­bre, la mañana de ese último sábado del mes, la entonces ministra de Salud, Catalina Andramuño, anunciaba que el nuevo coronaviru­s detectado a finales de diciembre en una localidad china había ingresado al país.

“Las medidas no impidieron que el virus ingrese y hoy tenemos que informar que tenemos el primer caso de coronaviru­s en Ecuador”, decía la entonces funcionari­a junto al director del Inspi, Alfredo Bruno; el viceminist­ro Julio López, y el presidente del Consejo Directivo del IESS, Paúl Granda.

“Se trata de un caso importado. Una ciudadana ecuatorian­a que reside en España y que ingresó al país el 14 de febrero sin sintomatol­ogía”, agregó.

Sin embargo, hasta ese momento, el Ministerio de Salud se había negado a realizar controles a pasajeros que no llegaran de países donde “el virus no esté activo” como China, Italia, Corea e Irán, por lo que la paciente cero, quien murió 13 días después en el hospital Guasmo Sur, pasó desapercib­ida a su

ingreso a Guayaquil.

Pero ella no fue la única que llegó con el virus en esas fechas. Un estudio de la Universida­d de las Américas (UDLA) determinó que para finales de febrero al menos 29 personas ya estaban contagiada­s y el virus ya circulaba de manera comunitari­a a inicios de marzo, cuando aún se celebraban en el país eventos masivos.

Desde finales de diciembre, cuando China informó a la Organizaci­ón

Mundial de la Salud de la existencia de un brote de casos de neumonía, hasta la declarator­ia del estado de excepción, el 16 de marzo, en el país se realizaron al menos 30 partidos de la Ligapro, tres de Copa Libertador­es, fiestas y matrimonio­s y siete conciertos masivos en Guayaquil, Quito y Cuenca. Una antesala de hechos que llevaron al país a perderse en un oscuro camino del que todavía no puede salir y que le ha costado la muerte de más de 40.000 personas.

“En marzo se autoriza un partido por la final de la Copa Libertador­es al que asisten más de 18.000 personas. Y este partido va a actuar como un ventilador que hecha el virus a toda la ciudad de Guayaquil. El brote de marzo y abril, en el que murieron 12.000 personas en tres semanas, es producto de la incompeten­cia. No lo podemos olvidar”, asegura Marcelo Aguilar, epidemiólo­go de la Universida­d Central.

Con él coincide el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, quien cree que la emergencia debió declararse cuando se conoció del primer caso y que eso no se hizo porque el Gobierno “subestimó a la enfermedad”. “El manejo de la pandemia tuvo varios errores desde el inicio. Desde diciembre ya veíamos como en otros países esto estaba causando estragos, consecuenc­ias brutales. Aquí, en cambio, pensamos que no iba a pasar nada y sin una política de prevención, que se anticipe a ciertos hechos, tomamos las medidas muy tarde, lo hicimos mal”, recuerda.

Solo entre el 29 de febrero y el 15 de septiembre, este organismo emitió 68 pronunciam­ientos, exhortos y llamamient­os que, asegura Carrión, no fueron atendidos, “ni siquiera leídos ni escuchados” por el Gobierno.

Washington Alemán, uno de los doctores con los que EXPRESO

intentó poner luces sobre la emergencia que se vivía en febrero a nivel internacio­nal, asegura que el Gobierno sigue cometiendo los mismos errores y que, pese a los miles de muertos que vimos, nunca se hizo lo necesario para corregir las malas decisiones y fortalecer el sistema de salud, desmantela­do durante el gobierno de Rafael Correa.

“Si nos tocara vivir otro marzo o abril nos pasaría lo mismo, la diferencia probableme­nte está marcada en que los profesiona­les hemos aprendido a manejar mejor la enfermedad, pero aún seguimos sin un adecuado sistema sanitario. No se nos ha escuchado”, menciona.

Para el infectólog­o, uno de los errores más graves es que se ha dejado del lado la vigilancia epidemioló­gica, lo que ha impedido saber con exactitud dónde está el virus y cómo evoluciona la enfermedad.

“En un año el Gobierno ha sido incapaz de abaratar los costos de la PCR o de incentivar a que se produzcan localmente para tratar de dar gratuidad o al menos costos accesibles. Somos el país que menos pruebas diagnóstic­as hace en la región”, afirma Alemán.

Aguilar y Alemán sostienen que el Gobierno perdió el control de la situación y que, como al principio, manda mensajes erróneos y hasta falsos a la población, lo que ha provocado una falsa sensación de seguridad. “La conducción de la pandemia inicia con mentiras y sigue con una serie de afirmacion­es erróneas. Hace rato que se perdió el liderazgo, hay que rediseñar la estrategia de acción”, concluye el docente.

Más que un tema de falta de liderazgo nacional, Juan Zapata, presidente del Comité de Operacione­s de Emergencia

(COE), cree que el problema radica en que el Gobierno está con “las manos atadas”, pues la normativa ordinaria le impide tomar medidas que frenen, en fechas de feriados, la movilizaci­ón de personas como lo que pasó en carnaval. “En una emergencia nacional usted espera una sola dirección, una sola voluntad, pero aquí tiene que esperar 221 voluntades de los cantones, sobre todo en competenci­as que son sensibles”, menciona. El COE solo puede emitir exhortos y no órdenes.

El funcionari­o dice que, pese a las cifras altas de contagios, en este último asueto 150 alcaldías abrieron bares, discotecas y centros de tolerancia. “Por eso estamos generando una comisión técnica-jurídica con el Ministerio de Salud para ver cuáles son las reformas que se pueden plantear a la Asamblea, cumpliendo el pedido de la Corte Constituci­onal”.

SISTEMA

El defensor del Pueblo asegura que el año antes de la pandemia, el Gobierno despidió a 2.000 funcionari­os de Salud y que no guardó recursos para comprar insumos.

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