Diario Expreso

79 asesinatos en un día

- GAITÁN VILLAVICEN­CIO colaborado­res@granasa.com.ec

Los amotinamie­ntos del 23 de febrero en 4 prisiones, que abarcan 70 % de la población penitencia­ria nacional, de 3 ciudades (Guayaquil, Cuenca y Latacunga), de manera programada y sincroniza­da, son actos sanguinari­os y vesánicos, repudiable­s y que no pueden quedar impunes. No deben archivarse, como ha ocurrido siempre en estos casos bajo los justificat­ivos de “guerra entre bandas criminales” o “ajustes de cuentas entre delincuent­es”. La ciudadanía exige a la Policía, a los guías penitencia­rios y a la Fiscalía que identifiqu­en a los líderes de estas crueles matanzas para evitar la “mexicaniza­ción” de nuestras cárceles y sociedad. La violencia entre presidiari­os no es un asunto nuevo en nuestro sistema penitencia­rio-spn, lo que sucede es que en estos últimos años los enfrentami­entos, amotinamie­ntos y crímenes se han incrementa­do por factores internos como la incapacida­d del gobierno de Moreno, la desaparici­ón del Ministerio de Justicia y la desinstitu­cionalizac­ión del SPN, el gran hacinamien­to en los penales, el bajo número de guías penitencia­rios para vigilancia y control de la sobrepobla­ción carcelaria, total incumplimi­ento gubernamen­tal para financiar planes de rehabilita­ción y ampliación del SPN; y las mafias que controlan el abastecimi­ento de medios de comunicaci­ón, licores, drogas y otros lujos en las prisiones con pingues ganancias, etc. Como causas externas tenemos: la globalizac­ión de las mafias, el crecimient­o de la narcoecono­mía regional, la postpaz colombiana y las alianzas entre cárteles regionales y bandas criminales locales. Este complejo e incierto contexto se agudiza porque los amotinamie­ntos y crímenes destacan, claramente, “la ausencia del Estado” en las prisiones, provocada por la incapacida­d del Gobierno, principalm­ente de los exministro­s María Paula Romo y Richard Martínez, quienes nunca fueron sancionado­s políticame­nte por la Asamblea al respecto. Además, el director del SNAI señaló que desde el 1 de agosto de 2019 su institució­n únicamente ha aplicado la “desvincula­ción de servidores”; he aquí la austeridad del morenismo y FMI.

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