Las dos caras de Colombia ante el mundo
Mantiene un equilibrio entre la violencia interna y las políticas de migración
El Gobierno colombiano mantiene un delicado equilibrio con la comunidad internacional que por un lado le pide más compromiso con la paz y más acciones contra la violencia que se ha cobrado la vida de numerosos líderes sociales y exguerrilleros de las FARC, al tiempo que elogia la acogida que le brinda a millones de migrantes venezolanos.
La Unión Europea, la ONU, Estados Unidos y España, entre otros, han manifestado a la administración del presidente Iván Duque su preocupación por la violencia contra los líderes sociales y por los ataques verbales a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en su trabajo para ofrecer verdad, justicia y reparación a las víctimas del conflicto armado.
Los ataques contra la JEP, incluso con propuestas de que sea eliminada, se han intensificado desde que reveló que el número de jóvenes ejecutados por militares para presentarlos como guerrilleros muertos en combate es el triple de los casos investigados por la Fiscalía.
En cuanto a los asesinatos de líderes sociales, son unos crímenes que parecen no tener fin y que se convirtieron hace tiempo en una piedra en el zapato para el Gobierno por las denuncias internas que trascendieron las fronteras, especialmente después de un informe de Human Rights Watch (HRW) que el mes pasado acusó al Estado de tener una reacción “lenta y deficiente” ante esa ola de violencia.
Pero si el Gobierno recibe una de arena de la comunidad internacional por el incremento de la violencia, la de cal le llega por el trato que está dando a la migración venezolana.
En ese sentido, Duque ha cosechado aplausos por el Estatuto de Protección Temporal para migrantes venezolanos, que tendrá una vigencia de 10 años y con el cual Colombia busca acoger a unos dos millones de personas que emigraron del país petrolero por la crisis que allí se vive.