¿Mediación obligatoria?
El asambleísta Esteban Albornoz (del Azuay, no sé si aún en Alianza PAIS), está ocurridísimo a punto de concluir su mandato. El pasado 7 de abril presentó un proyecto de ley con el que intenta trastocar los cimientos de la mediación. Esta es una herramienta para que las partes en conflicto intenten llegar a acuerdos con la guía de un tercero imparcial (el mediador). Por definición, entonces, a la mediación se acude voluntariamente. Imponerla es tan inútil como un diálogo de sordos.
Pero el señor Albornoz no lo ve así. Cree que “requisito de procedibilidad” de una demanda judicial tiene que ser que previamente se haya acudido a mediación: “De manera previa a iniciar un proceso judicial en materias no penales, en las que por su naturaleza se pueda transigir, las partes deberán someterse a un procedimiento de mediación ante un centro de mediación público o privado debidamente autorizado, a fin de buscar una solución al conflicto que las afecta” (art. 2 del proyecto).
Y como si a la tal mediación obligatoria se le pudiese cambiar su naturaleza con piruetas de lenguaje, el mismo art. 2 intenta curarse en sano diciendo que “Este requisito no atenta contra el principio de voluntariedad de las partes ya que son ellas quienes de manera voluntaria llegarán a acuerdos en el espacio de la mediación”, obviando que el principio de voluntariedad consiste también en decidir “acudir” a la mediación.
Lo peor viene después. La novísima tesis Albornoz pretende que la inasistencia -de quien no ha aceptado ir a mediara la audiencia a la que se lo convoque “...podrá ser considerada como indicio grave en contra de sus pretensiones o de sus excepciones de mérito en el proceso judicial que verse sobre los mismos hechos” (art. 10 del proyecto), gravísima sanción procesal solo aplicable a quien litiga con temeridad.
Ni las legislaciones más agresivas del mundo en cuanto a la promoción de la mediación han llegado a estos extremos. Los centros de mediación serios -hay muchos- debieran oponerse a semejante adefesio. No necesitan que por ley se les asegure un mercado.