El Gobierno, frente al reto de reducir la delincuencia
En el marco de la línea de investigación ‘Política, ciudadanía y estado social de derecho’, nuestra universidad aborda el estudio de conceptos y prácticas sociales que garantizan no solo el crecimiento económico sino también el desarrollo humano, en su dimensión indivisible, interdependiente y universal. Destaca el derecho a la seguridad integral y a vivir en un ambiente de paz, garantizado como un deber primordial del Estado, en la Constitución de la República del Ecuador, en apego a la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Sin embargo, los últimos indicadores en materia de seguridad ciudadana distan de un real cumplimiento de lo que establece la norma fundamental con respecto a la garantía que debe entregar el Estado a los ciudadanos.
Según cifras del Ministerio de Gobierno, en el periodo comprendido entre junio del 2017 a marzo del 2021, el año 2020 presenta la mayor incidencia de homicidios intencionales: 1.371 a escala nacional, que representa una tasa de 7,76 por cada 100.000 habitantes. En el 2018 hubo 995 asesinatos, 1.188 en el 2019 y 522 en los tres primeros meses del 2021.
En este mismo periodo, del 2017 al 2021, se han incautado 428,8 toneladas de droga; 128,41 en el 2020, 46,21 toneladas adicionales a las que se decomisaron en el 2019. En este 2021, hasta el 25 de mayo se confiscaron 59,55 toneladas.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado reveló que los casos de femicidio han ido en aumento desde el 2018. Ese año fueron asesinadas 59 mujeres, en el 2019 hubo 65 fallecidas, 78 en el 2020 y 31 entre enero y mayo del 2021.
En los primeros cinco meses del año se reportaron 9.415 robos a personas en todo el país, un incremento del 19 % con relación al 2020 (7.911). Los robos a domicilios subieron a 3.187, una variación del 16,7 % en comparación al año pasado (2.730).
Ante estas alarmantes cifras, la Asamblea Nacional tiene un rol fundamental en el combate a la delincuencia. En este sentido, se han desarrollado varias reformas que buscan atacar de mejor manera a los infractores de delitos comunes. Sin embargo, no han sido eficaces en su ejecución debido a un sistema judicial que en muchos casos no es riguroso en la resolución de los casos.
Una de las últimas iniciativas fue presentada el pasado 23 de junio, cuando el Pleno del Legislativo aprobó una resolución que exhorta al presidente de la República, Guillermo Lasso, para que disponga a sus ministros, Policía Nacional, Fuerzas Armadas y a todo el aparato gubernamental vinculado con la seguridad del Estado, que cumplan y den seguimiento al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia
Social Pacífica 2019-2030 y evalúen el Plan Estratégico de Seguridad Integral Fronteriza, con el objetivo de frenar los crímenes cometidos a causa de la delincuencia, sicariato y piratería pesquera en el territorio nacional y erradicar todo tipo de violencia que atente contra el orden público.
Debido a que existen estructuras delictivas que reclutan a menores de edad, se debe hacer un trabajo focalizado y analizar los motivos y las causas que los impulsan a ingresar a dichas bandas. El mayor número de esos jóvenes viene, por ejemplo, de hogares disfuncionales, carentes de afecto, donde se presentan casos de maltrato infantil.
En tal sentido, es necesario trabajar en fortalecer la unión familiar y recuperar nuestros valores. La labor de la academia es fundamental para desarrollar estas investigaciones, realizar análisis o un estudio epidemiológico del delito, que ayuden a identificar las causas que generan la participación de los menores de edad dentro de las organizaciones delictivas.
Siguiendo la línea de tiempo del desarrollo histórico jurídico de la normativa en tema de drogas, en el año 2013 se promulgó la Resolución 001CONSEP-CD-2013, mediante la cual se crea la tabla de cantidades máximas admisibles para el consumo personal, como guía para procesos penales de tráfico de sustancias sujetas a fiscalización.
Considerando este contexto, el nuevo Gobierno y la Asamblea tienen la responsabilidad de corregir aquellas normas que impiden una real y eficaz sanción a los delincuentes, tanto de delitos que atentan contra la vida, narcotráfico, robo, como para los casos de corrupción a nivel de instituciones públicas. Si una de las funciones del Estado no cumple a cabalidad con el rol que se le asigna constitucional y legalmente, en la búsqueda de seguridad ciudadana, los indicadores seguirán siendo negativos.
Para entender esta problemática social, también se debe mirar hacia las causas de la delincuencia. Una de ellas es el desempleo y la falta de empleo formal o adecuado. Es imprescindible que los derechos de los trabajadores sean reivindicados.
Si continuamos viviendo en un ambiente de inseguridad, será difícil poder hablar de democracia y desarrollo.
EL DETALLE
Femicidios. Según la Fiscalía, se registraron 59 mujeres asesinadas en el 2018, hubo 65 en el 2019, 78 en el 2020 y 31 entre enero y mayo del presente año.