Una huelga de hambre para defender la vigencia de la Ley de Educación
La medida también se cumple en Cuenca, Quito y Portoviejo
Una veintena de maestros inició ayer una huelga de hambre para exigir que se levante la suspensión temporal de la vigencia de la Reforma a Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOES).
La Corte Constitucional tramita una demanda de inconstitucionalidad sobre las reformas aprobadas, y el actual Gobierno, a través de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, se ha pronunciado a favor de la declaratoria de inconstitucionalidad, debido a que crea prestaciones sociales que no están financiadas y que amenazan la sostenibilidad de la seguridad social en el país.
Con finos colchones, los maestros llegaron a la plaza San Francisco, ubicada en el centro de la ciudad. Allí instalaron tres carpas rojas para protegerse del sol.
A través de grandes parlantes daban a conocer el motivo de la medida. “La LOEI beneficia al sector educativo del país y no solo a los maestros”, dijo Hilario Beltrán, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE) del Guayas, al justificar la acción emprendida.
A la medida se unieron representantes de varios cantones de la provincia, como Daule, Salitre, Milagro, Yaguachi, entre otros.
Uno de los maestros participantes fue Mercedes Robalino, de 65 años y 25 en el magisterio fiscal. Ella es hipertensa, pero decidió participar en la medida porque “necesitamos que se den cambios en la educación y que beneficien a toda la comunidad educativa”, señaló.
Pedro Delgado, Raúl Pinela y Álex Pazmiño también estaban acostados sobre los colchones, mientras una enfermera les tomaba la presión.
Miembros de la Policía Nacional vigilaron de cerca la protesta que, según los participantes, será hasta que la Corte Constitucional se pronuncie a favor de la vigencia de la ley.
La reforma a la LOEI establece un salario mínimo de $ 1.000 para los maestros; el retorno del bachillerato por especialidad; el reintegro de docentes desvinculados en la pandemia; políticas públicas para la prevención de la violencia escolar; jubilación de docentes con 30 años de servicio sin límite de edad, entre otras.