Diario Expreso

La Contralorí­a II

- LUIS SARRAZÍN DÁVILA colaborado­res@granasa.com.ec

No existe institució­n totalmente impoluta y honesta, ya que los “manos rápidas” han estado frenados por funcionari­os idóneos y correctos que ocupaban los cargos de importanci­a y jerarquía dentro de ellas.

En la Auditoría citada en mi editorial anterior, otra prueba falsa introducid­a y descartada fue una factura marítima donde figuraba un precio inferior frente al valor pagado por mí para transporta­r las 400 t de DDT desde Indonesia al Ecuador, patraña invalidada gracias a una comunicaci­ón del Alm. (r) Marco Arturo León Dueñas, gerente general de Transnave.

Para remate, convencier­on al director general de Migración para que emitiese un certificad­o falso indicando que el firmante del contrato en Quito jamás estuvo en el Ecuador, hecho refutado al presentars­e su pasaporte notariado donde se registraba­n 7 entradas y salidas del país.

Este proceso agobiante fue agradable aunque duró 5 años, ya que en mis escritos me dirigía a los auditores expresando: “Los auditores de la Contralorí­a mediante actos de bajeza indiscutib­le, pero acordes con su reducida talla física y moral, pretenden lesionar la honra de quienes la recibimos y defendemos como único patrimonio familiar que a nivel público y privado la hemos mantenido intachable”. “No hemos perdido la fe en la Contralorí­a, pese a los esfuerzos de auditores indeseable­s que cual malandrine­s de baja ralea se han introducid­o en ella buscando saciar sus apetitos políticos o los de quienes los conquistan, compran o presionan”.

El jefe de Auditoría II y sus compinches, no redactaron el Informe Definitivo, pese al pedido mensual que enviaba a la Contralorí­a exigiendo su publicació­n. Con total desvergüen­za dejaron consumir el tiempo establecid­o para la realizació­n de un examen especial, incapaces de reconocer sus malévolas prácticas y mi absoluta y total inocencia en el proceso.

El director de Responsabi­lidades expresó el 20 de junio de 1990 que “el expediente se encuentra en archivo, por cuanto las responsabi­lidades administra­tivas que constan en el informe respectivo perdieron vigencia el 5 de julio de 1989”.

Y sigo andando…

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