Pasos cautos frente a la consulta
Los temas, previamente, pasarán por un debate con sectores.
Llevarlo a la práctica será más complejo que decirlo. El Gobierno prefirió ayer ser cauteloso en lo que respecta a la fecha y el contenido de un eventual proceso de consulta popular, que fue una de las ofertas de campaña del presidente Guillermo Lasso.
Tras un encuentro con el mandatario, el asambleísta Fernando Villavicencio le dijo a EXPRESO que el plan del Ejecutivo sería que la consulta se lleve adelante este mismo año, en septiembre, aunque los plazos legales superan con creces esta posibilidad.
El abogado y experto en temas electorales Esteban Ron recordó que un proceso de este tipo demora no menos de tres meses desde el momento en que se propone la consulta, a través de un decreto, hasta que el Consejo Nacional Electoral (CNE) convoca al sufragio.
En el ínterin, la Corte Constitucional (CC) deberá hacer un control de constitucionalidad al contenido de las preguntas y todo eso tiene plazos que deben cumplirse (ver gráfico).
Consultado sobre la fecha en la que el presidente prevé hacer públicas las preguntas para la consulta, el secretario de Comunicación de la Presidencia, Eduardo Bonilla, le respondió a este Diario que lo que sí está claro es que Lasso está convencido de la necesidad de preguntarle al pueblo, pero que el contenido del cuestionario hay que construirlo con diferentes sectores.
¿Qué se preguntará? El tema que aparece como fijo es la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Eso le dijo a Villavicencio el presidente Lasso y lo ratificó ayer Bonilla.
“Las demás preguntas de una virtual consulta popular deberán ser construidas en consenso con todos los actores políticos involucrados, y ser calificadas por la Corte Constitucional, por lo que podemos tener claro el objetivo de la consulta, pero evidentemente no el contenido final”, señaló el secretario.
Sin embargo, la supresión del CPCCS a través de una consulta también tendrá un amplio debate legal. El abogado constitucionalista Andrés Benavides considera que eso no es posible porque “la Corte Constitucional ya determinó que la vía es una reforma parcial a la Constitución. Es decir dos debates en la Asamblea, aprobación y referéndum ratificatorio a los ciudadanos”, explicó.
Otros temas que estarían en análisis es preguntar sobre la prohibición de que la minería se instale en zonas de recarga hídrica, la reducción del número de asambleístas y la bicameralidad de la Función Legislativa, que ya eran parte de las propuestas del Comité por la Institucionalización Democrática y que fueron descartados por la anterior Asamblea.