“Hay que llegar hasta los responsables políticos”
EL CONTEXTO
Hasta ahora hay procesos abiertos contra exfuncionarios del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol), del Depósito Centralizado de Liquidación de Valores (Decevale), de la casa de valores Citadel, pero ninguno contra exsuperintendentes, superintendente actual y funcionarios de esa entidad.
Fernando Villavicencio, asambleísta, se ha comprometido llegar hasta las últimas consecuencias en el caso Isspol: hasta los responsables políticos.
− ¿Cree que esto fue premeditado, que se confabularon?
− Todo apunta a concluir que se trata de una organización delictiva que actuó de forma deliberada al interior del Isspol; sin duda estaban involucrados el alto mando de la Policía con sus tiempos de responsabilidades y también el Ministerio de Gobierno, los funcionarios que hayan correspondido en esos tiempos por acción u omisión.
− ¿Hasta ahora no se llega a una parte gruesa de esta organización criminal? Solo están con procesos algunos exfuncionarios de Isspol, Decevale y Citadel, pero exministros de Gobierno, autoridades, no están en el radar de la Fiscalía.
− Está por investigarse la primera línea de responsabilidad, que es la línea política, los actores intermedios que están siendo procesados son de la tercera línea, pero casi siempre la impunidad se generaliza porque no llega a los actores políticos. El mecanismo delictivo se origina en la línea política y ellos viven en la sombra de la impunidad. Y muchas veces ninguna de esas autoridades han actuado solas. El hecho de que el caso haya llegado a la superficie a visibilizarse años después de cometidos los delitos ya genera un hecho de complicidad en lo más alto del Ministerio de Gobierno e incluso con mucha más certeza en el alto mando policial.
− Genera sospechas que poco antes de abandonar la Presidencia Rafael Correa firma el decreto donde garantiza, desde el Gobierno central, los fondos de Isspol si llegasen a faltar.
− Es más o menos la versión de la AGD (Agencia de Garantía de Depósitos). Ya sabían que la banca iba a entrar en crisis por el manejo delictivo de los créditos, sabían que se iba generar una crisis financiera y se adelantaron aprobando una ley.
− En 2018 José Ibáñez denunció esto, cuando era gerente de Valpacífico y la Superintendencia de Compañías tomó represalias en lugar de investigar y hubo denuncias de mal uso de papeles de renta fija de una señora a la cual también la persiguieron. Los exsuperintendentes y el actual, Víctor Anchundia, no están procesados.
− Cuando estalla en la prensa es porque ya el caso no podía sostenerse con la serie de denuncias en los mandos medios al interior del Isspol; desde el 2018 sabíamos de esto y los altos mandos de la Policía lo que hicieron fue poner un manto de silencio sobre este caso. Esto era una estructura de sobornos que utilizó agentes intermediarios, delincuentes que operan para colocar recursos; son sobornos.
− Hasta ahora no hay una investigación sobre Anchundia y su exintendente de mercado de Valores, Carlos Murillo.
− Cuando no se toca a un funcionario es porque ese funcionario es uno de los puntos clave. ¿Quién dio la orden, quién presionó a las casas de valores para que se hagan esas operaciones? Cuando esté procesado ese funcionario, empieza a hablar y se desmorona todo.
Cuando uno identifica que estos ejecutivos se quedan en el olvido, son a esos a los que hay que tocar.
En la emisión de los bonos los altos jerarcas del poder político lo sabían todo; hay responsabilidad compartida.