Derecho de repetición
La sentencia dictada por la CIDH a favor de diario El Universo y de Emilio Palacio le impone al Estado ecuatoriano la obligación de pagarles 400 mil dólares por concepto de daño emergente, lucro cesante y daños inmateriales, suma que la debe pagar el Ecuador.
Frente a esta situación, lo que corresponde es que el Estado ejerza de inmediato el derecho de repetición consagrado en el artículo 11 numeral 9 de la Constitución de la república “en contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas”. Mediante este derecho el Estado puede recuperar todos los recursos económicos que utilizó para indemnizar a quienes hayan sido perjudicados (personas naturales o jurídicas) por parte de funcionarios públicos o instituciones públicas.
Lamentablemente, según opinión del procurador del Estado, las disposiciones legales aplicables al derecho de repetición están dispersas. Es a la Asamblea a la que le corresponde dictar la Ley Orgánica de Repetición, cuyo proyecto le fue presentado en julio del año pasado a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, por el procurador del Estado, sin que hasta este momento, luego de seis meses de su presentación, haya sido aprobada.
El tiempo para que prescriba el plazo para ejercer el derecho de repetición es de tres años a contarse de la fecha de realización del pago efectuado por el Estado.
Como es tradicional costumbre, contraria a los intereses nacionales, quienes conocen que van a tener que vomitar prieto (Rafael Correa, los jueces que actuaron en el juicio contra El Universo y Emilio Palacio, y algunos más) van a hacer lo imposible para que esta ley no se aplique y de esta manera se dificulte el derecho de repetición.
Ante esta cruda realidad, le corresponde a la sociedad no permanecer aletargada y exigir que se opere la repetición para que nunca más jueces venales y mandatarios prepotentes hagan lo que les venga en gana para satisfacer sus hambres atrasadas y sus egos peligrosos.
Mediante este derecho, el Estado puede recuperar todos los recursos económicos que utilizó para indemnizar a quienes hayan sido perjudicados por parte de funcionarios públicos o instituciones públicas’.