Justicia desconfiable
Es justificado que el país se sienta desesperanzado por fallos judiciales que favorecen a quienes perjudican a los ecuatorianos asaltando fondos públicos, o a personas vinculadas al crimen organizado. Una justicia imparcial y ética es fundamental en una democracia, es la que protege derechos ciudadanos, la que dirime controversias o conflictos que deben resolverse de acuerdo con la ley, la sana crítica, la realidad de los hechos.
El premio nobel francés Albert Camus afirmaba: “si el hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad, fracasa en todo”, pero ciertos jueces o fiscales actúan según su criterio, por soborno o presiones políticas, por “acuerdo entre privados”. Al parecer los atracos a dineros fiscales son juzgados en un concierto que enriquece a los autores del robo, a “juzgadores”, abogados que cobran jugosos honorarios, todo a costa de un país que se empobrece y al que solo le queda lamentar el imperio de la impunidad al observar que la balanza de la justicia se inclina por avalar actos ilícitos.
Debe avergonzar a la justicia ecuatoriana que mientras EE. UU. pone en evidencia y sanciona cuantiosos perjuicios por delitos cometidos en el territorio nacional, que repercuten en el territorio de esa nación, acá no se los sanciona.
El poder judicial debe tener independencia, sus máximos organismos están en la ineludible obligación de buscar mecanismos administrativos, reformas legales, fallos jurisprudenciales, ascensos, remociones, que procuren una ágil y correcta aplicación de la Ley, evitando abusos de jueces o fiscales. Para ello se requieren recursos presupuestarios que el gobierno
Toda persona tiene derecho a la defensa, a un debido proceso, pero sin juicios justos se afectan valores superiores intangibles como la paz, la seguridad, la convivencia de todos’.
debe priorizar, de lo contrario es dejar la situación intocada y eludir enfrentar tan esencial problema de interés nacional.
Toda persona tiene derecho a la defensa, a un debido proceso, pero sin juicios justos se afectan valores superiores intangibles como la paz, la seguridad, la convivencia de todos. Hay que erradicar la duda de que cuando hay sanción para quienes roban recursos públicos, se lo hace por razones políticas o porque no se pagó a jueces o fiscales. Leyes hay, lo que falta es justicia.