La Corte señala al Ejecutivo y al Legislativo por la LOEI
Mientras se desarrolló la audiencia, la UNE se mantuvo en protesta
Ayer, la Corte Constitucional instaló la audiencia para resolver los pedidos de inconstitucionalidad a las reformas de la Ley de Educación (LOEI) presentados por el Seguro Social y el presidente Lasso. El titular del organismo, Alí Lozada, señaló que las demandas gremiales debieron ser resueltas en otra instancia.
Previo a la comparecencia de los demandantes, Lozada indicó que la Corte ya se pronunció el 11 de agosto de 2021 sobre la inconstitucionalidad de dos aspectos de la LOEI. Mismos que provocaron la suspensión de la vigencia de las reformas y debieron ser subsanados por la Asamblea Nacional.
Asimismo, indicó que la Corte es un órgano independiente y que las reformas debieron resolverse entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Por su parte, el representante del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Daniel Ruiz, indicó que la jubilación especial que aprobó el Legislativo en el proyecto reformatorio tiene una contradicción. “No existió una regulación técnica en la cuantía y los mínimos y máximos que podrías recibir en esta jubilación”.
También señaló que en los insumos que el IESS le dio a la Asamblea para subsanar las observaciones de la Corte constaba el estudio actuarial que “demostró la imposibilidad técnica” de esa reforma.
Por otro lado, el representante del Parlamento, Daniel Ruiz, indicó que los legisladores “sí buscaron dar una solución (a la sostenibilidad fiscal) e identificó las fuentes de financiamiento”.
Según Ruiz, la estimación del presupuesto general del Estado se lo hizo con la referencia del precio del petróleo y “se determinó que el Ministerio de Finanzas tiene una fuente de ingresos de $ 70 millones anuales adicionales”.
Sin embargo, la representante de la presidencia de la República, Yolanda Salgado, señaló que el accionar de la Asamblea no fue “responsable y técnico” y que, por ende, no cumplió con lo que la Corte puntualmente le ordenó.
Asimismo, indicó que “no es tan simple” decir que sí hay fondos. Sino que “deben indicarlos y solicitar un informe técnico del Ministerio de Finanzas”.
También señaló que los argumentos no tenían sustento.
Por su parte, la representante de la Procuraduría General del Estado (PGE), Carola Samaniego, recordó que la situación económica compleja del país no es nueva. También señaló que la última vez que se incrementó el salario a los servidores públicos fue en 2012.
Luego de las comparecencias y de atender nueve solicitudes de amicus curiae, el presidente de la Corte, Alí Lozada, señaló que en tres días se ratificará las declaraciones de los demandantes.
EL DATO 2'175.000 dólares es el financiamiento que requiere la equiparación salarial en las reformas de la Ley de Educación (LOEI).