No sin beneficio de inventario
Un mes habrá tardado el Municipio de Quito en restablecer por completo sus servicios públicos luego del último ‘hackeo’ a sus sistemas. Y eso está aún por verse.
El 17 de abril, el cabildo informaba que 15 % de sus sistemas habían sufrido. Teniendo en cuenta que se paralizaron las liquidaciones de ciertos impuestos, la transferencia e inscripción de bienes inmuebles, entre otros, estimar el impacto económico del ‘hackeo’ es posible.
Por la parálisis en la transferencia de inmuebles, el Municipio impuso un sobrecosto financiero de aproximadamente 11 millones de dólares al inventario esperando venderse: son hasta 500 dólares por inmueble. Hogares con su mudanza organizada perdieron un mes. Inscripciones, certificados, gravámenes y liberaciones en el Registro de la Propiedad, que también el ‘hackeo’, van regularizándose de a poco.
Para el Municipio, millones en tasas e impuestos diferidos se empiezan a cobrar: ese es también costo financiero para la ciudad. Nadie sabe cuántos habilitantes y trámites vencieron o cuántos traslados fueron por gusto; se ignora si la información ha sido recuperada íntegra o si hay bases de datos comprometidas.
Difícil aún saber si hubo negligencia. Ni la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, ni el Ministerio de Telecomunicaciones, ni la autoridad de Datos Personales se han pronunciado. Poca opinión informada parece existir sobre estas cosas. No hay balance auditable del cabildo, ni un plan de restablecimiento y de mejora de sistemas publicado.
El sistema del IESS colapsa mientras escribo estas líneas...
1) ¿Tiene el órgano rector normas
Ya en 2020 un ‘hackeo’ en la empresa de agua potable del cabildo viabilizó millonarias transferencias irregulares’.
técnicas vigentes sobre seguridad informática? 2) ¿Diría lo mismo la norma sobre sistemas críticos y sistemas accesorios? 3) ¿Qué se le exige a las instituciones públicas que resguardan datos públicos y personales? 4) ¿Existen seguros para siniestros? 5) ¿Se respetan principios de neutralidad tecnológica, descentralización e interoperabilidad? 6) ¿Tiene Contraloría técnicos para evaluar responsabilidades? 6) ¿Cuál es el estado del debate nacional sobre seguridad informática en la transición digital y quiénes lo lideran?