La trampa del Estado plurinacional
En Guayaquil ya suenan voces separatistas. En otras regiones más proclives a protocolos y circunloquios formalistas, no se oye públicamente cosa semejante, pero puestos a responder, a nadie debería sorprender una amplia acogida a una constituyente que zanjara la farsa de una república plurinacional y unitaria. Farsa porque, si bien existe pluralidad de naciones, no hay unidad jurisdiccional. En los hechos la Conaie se conduce como una autoridad soberana que hace tabla rasa del Estado de derecho y exhibe proclamas propias de un ejército invasor frente a un Estado incapaz, por lo visto, de aplicar la ley que dicta.
La sociedad ecuatoriana, la que todavía merece llamarse con ese apelativo, no debe repetir los errores de 2019: impunidad, no enfrentar la enfermedad terminal del Estado de derecho, o no atender las necesidades de los más pobres, sean blancos, mestizos, indígenas o alienígenas, pues la acción social no debe ser discriminatoria, como pretende el movimiento indígena, prevalido siempre de un aire de legitimidad política.
La reconstrucción del Estado de derecho, reducido a cenizas tras el paro criminal, necesita un pacto social mínimo, inalcanzable si se pretende imponer sobre la dinámica heterogénea de una sociedad libre un molde de pensamiento único, como el proclamado en la voluminosa y reglamentaria carta de Montecristi, que es más un manifiesto igualitario y un credo estatista que una constitución asentada sobre la libertad. Ese bodrio no resultó de un pacto social, sino de la mayor estafa cívica que ha encajado el Ecuador, no solo por sus textos alterados entre gallos y medianoche, sino por la manipulación de las mayorías, que encontraron en un encantador de serpientes el mejor canal para expresar su bronca contra el sistema, depositándole al mesías de turno la llave de su libertad en las urnas. En Montecristi se firmó la defunción del Estado de derecho, su trocamiento por un régimen de derechos y de justicia, que supedita el imperio de la ley a la ponderación subjetiva de derechos de distinta jerarquía. Esta no es una abstracción para académicos, es la raíz de la anarquía que azota al país y explica la arrogancia de quienes sienten que sus posturas, aun las avanzadas con violencia, tienen mayor rango que la libertad de los demás. Es la alquimia jurídica que convirtió el monopolio estatal sobre el uso de la fuerza en una caricatura.
En Montecristi se firmó la defunción del Estado de derecho, su trocamiento por un régimen de derechos y de justicia, que supedita el imperio de la ley a la ponderación subjetiva de derechos de distinta jerarquía’.