España: eliminación de los títulos nobiliarios con la ley de memoria democrática
La ley de memoria democrática en España sustituirá a la llamada ley de memoria histórica, aprobada en 2007, y corrige algunas de las carencias señaladas desde entonces por víctimas del franquismo y asociaciones memorialistas. Estas son las principales novedades del texto, incluyendo las enmiendas pactadas entre los grupos parlamentarios, a falta de su aprobación definitiva.
El texto que el Gobierno llevó al Congreso preveía elaborar “un catálogo de títulos nobiliarios concedidos entre 1948 y 1978 que representen la exaltación de la Guerra y Dictadura” para proceder a su supresión. A petición de varios grupos, incluidos los que forman parte del Gobierno de coalición, el PSOE y Unidas Podemos, se eliminarán directamente, para mayor seguridad jurídica, 33 títulos “por una serie de comportamientos atentatorios contra la dignidad humana y otros derechos fundamentales cometidos en épocas preconstitucionales”.
Los títulos con grandeza de España que se suprimirán son los de duque de Franco, Primo de Rivera, Calvo Sotelo, Mola y Carrero Blanco; el de señor de Meirás; el de marqués de Arias Navarro; y los de conde de Alcázar de Toledo, Labajos y Dávila. Además, se eliminan los títulos -sin grandeza de Españade marqués de Saliquet, Queipo del Llano, Alborán, el Jarama, Varela de San Fernando, Somosierra, San Leonardo de Yagüe, Vigón, Suanzes, Kindelán, Casa Cervera y Bilbao Eguía; y los de conde de Benjumea, La Cierva, Fenosa, Castillo de la Mota, Pallasar, Martín Moreno, Bau, Rodríguez de Valcárcel y de Iturmendi. Se suprimen también las grandezas de España otorgadas al conde de Rodezno y a Fernando Suárez de Tangil.
El principal defecto de la ley de memoria de 2007, y así lo señalaron relatores de Naciones Unidas, es que el método de subvenciones que implantó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero suponía subcontratar a los propios familiares de las víctimas y a las asociaciones memorialistas para localizar y abrir las fosas. En el nuevo texto, esa tarea corresponde a la Administración General del Estado, que elaborará planes plurianuales de búsqueda. En los últimos 20 años se han recuperado los restos de 10.000 víctimas.
El forense Francisco Etxeberria, que ha abierto muchas de esas fosas, calcula que quedan “unos 20.000 esqueletos por recuperar de enterramientos clandestinos del franquismo y que el proceso puede resolverse en unos cinco años. El número de desaparecidos supera con creces esa cifra, pero muchas fosas comunes son ya irrecuperables porque han sido sepultadas por carreteras, autopistas y edificaciones.
La ley de 2007 declaró “ilegítimos” a los tribunales franquistas, pero no dio el paso de declarar nulas las sentencias que habían impuesto.
La nueva ley establece el derecho de los represaliados a conocer la verdad gracias a la creación de una fiscalía de sala específica y a través de la llamada “justicia restaurativa”, estén o no vivos los verdugos.