Disputa el CPCCS
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) ha quedado reducido a una disputa por controlarlo entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, con el fin de manipular la designación de autoridades de organismos de control, del Consejo de la Judicatura, que selecciona jueces y demás servidores de la función Judicial, los evalúa, asciende y sanciona; designar vocales y jueces de la función Electoral.
Las otras atribuciones, como promover la organización y participación ciudadana, procurar una transparente rendición de cuentas de organismos y funcionarios públicos, coadyuvar en la lucha contra la corrupción estableciendo responsabilidades, e impulsar judicialmente sanciones están olvidadas. La pugna entre sus miembros y entre oposición y Gobierno debilita la democracia y desalienta la confianza ciudadana que observa desilusionada cómo se busca repartir el manejo del país.
Ni el anterior gobierno de Lenín Moreno ni el actual, acogieron la sugerencia del experimentado y probado demócrata, Julio César Trujillo, expresidente del CPCCS Transitorio, que propuso eliminarlo. Ambos gobiernos han buscado influir en las designaciones que hace el organismo. Para ello propusieron cambiar la forma de elección de consejeros en la consulta de Lenín Moreno, o en la consulta del actual gobierno, que proponía que las designaciones nazcan de ternas de la Presidencia de la República, lo cual fue objetado por la Corte Constitucional.
Hay que volver a la designación por la Asamblea, de ternas que en unos casos las proponga el Ejecutivo y en otros el Legislativo, con comisiones ciudadanas que revisen la idoneidad de los candidatos.
Al país le interesa que se designen personas probas, respetables y confiables, ajenas a componendas politiqueras’.
La actual disputa ha engendrado un nudo jurídico que involucra a las funciones Ejecutiva, Legislativa y Judicial, lo cual afecta la división de poderes, nudo que podría ser desatado por la Corte Constitucional, determinando si la Asamblea Nacional violó el debido proceso garantizado constitucionalmente al censurar a cuatro consejeros sin informe previo de una comisión legislativa.
Al país le interesa que se designen personas probas, respetables y confiables, ajenas a componendas politiqueras