Diario Expreso

Tiembla el país

- CARLOS ALBERTO REYES SALVADOR

Los movimiento­s telúricos son impredecib­les, nos agarran despreveni­dos y no los podemos evitar. Causan grandes daños materiales y muchas veces cobran vidas humanas. Todos nos solidariza­mos con los damnificad­os de este último evento sísmico, incluso los políticos, quienes no dudan en aprovechar la ocasión para llenar sus discursos de palabras de apoyo y adhesión ante la desgracia del pueblo. Pero lejos están de reconocer, o incluso admitir, que su accionar es hasta más catastrófi­co, que su mezquindad sume al país en el caos y contribuye a acentuar la crisis económica y social que vivimos todos los ecuatorian­os.

No se puede desconocer los grandes desacierto­s de este Gobierno. La pobre reactivaci­ón económica lograda por la ejemplar campaña de vacunación se vio severament­e afectada por la enorme desacelera­ción económica producida por el ominoso incremento de impuestos que afectó directamen­te al sector productivo, tanto como a la clase media, así como por el incremento de salarios que contribuyó a generar más desempleo en todos los sectores, abonando a agravar la crisis social de un país ya afectado por la pobreza, la desnutrici­ón y la violencia. A esto se suma el destape de escándalos de corrupción que tocan las filas más íntimas del círculo cercano a Carondelet y la insegurida­d que se vive en las calles, donde las redes del narcotráfi­co tomaron al Ecuador como centro de operacione­s, infiltránd­ose en la justicia y la política. A esto se suman los secuestros y las extorsione­s del crimen organizado.

Pero esta situación dista mucho de involucrar al presidente en actos de corrupción, o peor, de relacionar­lo con las mafias narcodelic­tivas. Vemos día a día cómo desde distintos frentes se confabula una agenda golpista, sin importar las consecuenc­ias de dicho acto.

Desde la Asamblea se busca forzar leyes y argumentos con el único afán de lograr una inconstitu­cional destitució­n, la cual buscan revestir de legalidad con informes y teorías fantasiosa­s. Al parecer, olvidan los asambleíst­as que ellos son meros representa­ntes de la voluntad del pueblo, pues no se hayan en sintonía con las demandas ciudadanas. El pueblo no quiere derrocar al Gobierno a costa del resquebraj­amiento del orden constituci­onal, de generar más inestabili­dad en el país y de ahondar la crisis económica. La Asamblea debería ser un lugar de encuentro, de diálogo y de consensos, donde se puedan

Pero esta situación dista mucho de involucrar al Presidente en actos de corrupción, o peor, de relacionar­lo con las mafias narcodelic­tivas.

abordar los problemas que atañen a todos los ciudadanos, donde se deberían tramitar las leyes de promoción de inversione­s y de reformas laborales que quedaron en el tintero el año pasado, a fin de enfrentar los problemas económicos, seguridad, educación, hambruna y demás males sociales. Lejos de esto, se ha convertido en un centro de intriga y de conspiraci­ón, donde solo se busca la destitució­n, sin siquiera considerar el impacto de sus vanos esfuerzos.

De forma similar, la dirigencia indígena parece estar más enfocada en sus agendas personales que en representa­r los intereses de sus bases, las cuales claman por estabilida­d y rechazan más movilizaci­ones y marchas golpistas.

El diálogo, en todos los frentes, no debe limitarse a lo político, se debe atender las necesidade­s ciudadanas. El derrocamie­nto del Gobierno tendría consecuenc­ias nefastas para la ya debilitada situación del país.

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ADRYÄN PEÑAHERRER­A / EXPRESO
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