Guerra interna y consulta plebiscitaria
El novel gobierno de Noboa con las últimas decisiones políticas tomadas a raíz de la promulgación del D. E. 111, ha permitido observar su inexperiencia en la gestión del Estado y en lo relacionado al fortalecimiento de las alianzas políticas al no consultar su contenido con sus socios de la AN, aunque se argumente la velocidad sorpresiva de los eventos delincuenciales del 9 de enero. A ello posteriormente se adicionan el tercer proyecto de ley de urgencia económica para elevar el IVA al 15% y el cuarto proyecto de urgencia económica para la recuperación de activos de origen ilícito, que parece que fue vetado por el CAL. Paralelamente, el régimen ha estado preparando las preguntas para la Consulta Plebiscitaria y su aprobación por la CC. Las ha enviado en dos tandas, primero 11 preguntas y después otras nueve. Por solicitud de la jueza ponente de la CC, el presidente Noboa retiró la pregunta sobre el refuncionamiento de los casinos del primer grupo, quedando hasta la fecha alrededor de 20 preguntas, lo que la convierte en una consulta muy larga, complicada y difícil de comprender y responder. Si no se reformula para permitir una mayor comprensión intelectual y accesibilidad lingüística para los sectores sociales populares, se podría provocar un fiasco más allá del alto nivel de aceptación del presidente y de los deseos colectivos de unidad nacional. Pensamos que los problemas que presenta la Consulta Plebiscitaria son imputables a la bajísima experiencia de consulta y debate del Gobierno con sus asociados políticos en la AN, como con las otras Funciones del Estado, y los actores colectivos sociales, económicos y políticos por la debilidad del sistema político y de apoyo para la participación como fuerza social.
En lo relacionado al financiamiento de la guerra interna es donde el Gobierno muestra más debilidades al no presentar un plan de gastos y sus sustentos sino una simple cifra. No dan opciones viables de financiamiento; hace recaer, como siempre, los gastos de la guerra en los grupos sociales más vulnerables. Finalmente, no tiene en cuenta todo lo financiado con las leyes de urgencia económica aprobadas, ni sus tareas para mermar el déficit fiscal.