PERISCOPIO
ASAMBLEA. El proyecto de Ley orgánica de urgencia económica para la recuperación de activos de origen ilícito y transparencia en la contratación pública, que envío el presidente de la República a la Asamblea, puso a correr a quienes no están de acuerdo con esta. No sorprende el cuestionamiento de algunos asambleístas, sospechosos de tener vínculos con las bandas criminales, que consideran que el mandatario no ha justificado la urgencia económica de esta, como si el país no estuviese necesitando el dinero que le han robado para financiar la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo.
JUGADA JUDICIAL. La batalla por la presidencia de la Corte Nacional de Justicia está prendida. El actual presidente Iván Saquicela quiere seguir mandando. ¿Para que quiere Saquicela el adelanto de las elecciones de autoridades? Será porque si las elecciones se dan del 26 de enero al 2 de febrero, si podrán votar los cuatro jueces cuyas funciones fueron prorrogadas sospechosamente por el Consejo de la Judicatura de Wilmán Terán. Si las elecciones se dan del 5 al 20 de febrero, seguramente no podrá ser reelegido porque en ese tiempo termina su período. Es el caso que Daniella Camacho, la jueza que condenó a Correa y otro, también quiere ser Presidenta. Y los pillos andan sueltos.
SEGURO SOCIAL. Las mismas redes de corrupción, las de siempre, las que incluyen profesionales de la salud y que empezaron a tejerse a finales de los ocho y que se han mantenido en los últimos tres años, siguen enquistadas con más fuerza en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad. Tanto es el poder que tienen que todavía se desconoce quién será el director general de Salud Individual y Familiar de la institución. Incluso se habla de un pacto político para dejar que la dirección esté en manos de vinculados a un partido político, que ha mandando en Guayaquil por años.
ESCAPE AL CAMPO. Familiares de algunos procesados por delincuencia organizada y terrorismo, que todavía no han podido salir del país y que sienten miedo de ser vinculados con las bandas terroristas, han decidido internarse en la campiña ecuatoriana para esconderse de las operaciones militares y policiales. Otros han optado por dejar sus casas y alquilar en otros lugares, mientras termine el estado de excepción. En urbanizaciones de Samborondón hay casas cerradas desde el día siguiente de la declaratoria de guerra interna del presidente de la República. Hasta los autos de alta gama han dejado de circular en las calles; permanecen en las cocheras. La estrategia es mantener un bajo perfil.
SALEN DE PANAMÁ. Los miembros de una familia ecuatoriana, que estaban viviendo en Ciudad de Panamá y que tenían relación con el recién capturado Daniel Salcedo, decidieron abandonar ese país, aunque no tuviesen una orden de captura internacional, pero sí procesos judiciales abiertos en Ecuador. No existe una confirmación de si uno de ellos viajó a España, para desde allí desarrollar sus actividades. Hay quienes aseguran que se fueron a México y Venezuela, porque la alta cooperación entre las policías de Ecuador con las de Colombia y Perú, hace inviable vivir en esos países.
APORTACIÓN ILÍCITA. Hay nerviosismo en una iglesia evangélica de Guayaquil por las investigaciones fiscales del caso Metástasis, por las donaciones que presuntamente aceptó un pastor de la narcodelincuencia para la construcción de un templo en la ciudad. ¿Lavado de dinero? Miembros de una comunidad de evangélicos, reunidos en varios templos, sospechan del aportante y de quien recibió el dinero. Lo que temen es que en algún momento se haga pública alguna conversación por chat de Whatsapp. La duda ahora en los religiosos es si las grandes construcciones realizadas en las ciudades fueron financiadas por fondos del crimen organizado.