Eutanasia de Paola Roldán, en proceso
La Corte Constitucional negó recusación en contra de dos juezas
La Corte Constitucional negó ayer la recusación de una organización provida presentada en contra de las juezas Daniela Salazar y Karla Andrade, a quienes señaló de imparcialidad en el caso de Paola Roldán.
La demanda había puesto pausa a la decisión de la Corte de seguir en el camino de la legalización de la eutanasia a Paola, ecuatoriana de 42 años de edad, quien sufre de esclerosis lateral amiotrófica desde al año 2020 y quien pide, desde hace cinco meses, que se le reconozca el derecho a una muerte digna, luego de estar postrada por tres años y medio en una cama y sobreviviendo gracias a un respirador.
La organización provida que busca evitar la eutanasia demandó a las magistradas quienes llevan el caso, por mantener vínculos de amistad con el abogado de Paola, Farith Simon, y para ello se basan en una fotografía donde constan los tres en una institución académica. Las juezas enviaron su descargo y mostraron algunas causas patrocinadas por el abogado en las que ellas fallaron en contra, como muestra de su imparcialidad.
Después de la demanda, el presidente de la Corte Constitucional, Alí Lozada, dispuso que se abra un expediente para analizar la recusación que hizo la organización provida, la misma que ayer fue negada, porque de acuerdo a la Corte, la fotografía no mostraba que las juezas y el abogado tuvieran más allá de una relación profesional.
Mientras tanto Paola pide el poder acabar con su vida dignamente. Lleva 22 días alimentándose con sueros, porque su cuerpo ya no tolera la comida intravenosa. “Yo también soy provida. Provida digna, provida con senti
do, provida sin exceso de dolor”, dijo la mujer en su cuenta de X.
La Corte debe aprobar la inconstitucionalidad del artículo 144 del Código Integral Penal, que estipula el homicidio simple con una pena de hasta 13 años de prisión, para que Paola pueda lograr la eutanasia.
EL DETALLE
Impedimento. El artículo 144 del Código Integral Penal estipula el homicidio simple con una pena de hasta 13 años de prisión.