El imperio de la ley
El imperio de la ley implica disciplina, equidad, que debe impartirse desde el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Militar-policial, que va descalonándose con supremo respeto desde el jerárquico superior al raso dentro de todas las esferas (civil, militar, policial, institucional, empresarial, político). Está basado en la paz, que es el respeto al derecho ajeno. Mas esto es solo retórico. Estamos acostumbrados a escuchar y a repetir “que las leyes o las cosas se hacen y se deshacen”; “que el que tiene padrino se bautiza”. Con esos vacuos criterios, en incontables ocasiones, utilizando la frase ‘mágica’: “por esta única vez”, se han cambiado leyes para favorecer o desfavorecer. Por ejemplo, la condonación de intereses, recargos y multas a ciertos grupos de deudores al Estado, cuando lo procedente era cobrar, sin aplicar coactivas, solo bajo la presión del imperio de la ley. Además como una condición inalienable, cada gobierno cambia el sentido orgánico de la administración pública, y consecuentemente la dirección de las instituciones, sin tomarse el tiempo de revisar y estimar qué hizo de bueno el anterior que pueda servir como un peldaño para el desarrollo o progreso del país, o en qué erró para no repetir los fracasos. Pero no, la acción política es borra y va de nuevo, lo cual irremediablemente, por muy buenas que sean la intensiones de hacer bien las cosas, caen en la ilusión que nos conduce a la dubitación, preguntándose el ciudadano común: ¿por qué carecemos de políticas de Estado? Estas son las que afianzan la gobernabilidad, el respeto de las naciones, el bienestar general. Si no empleamos este recurso como piedra angular del desarrollo, caemos, como hemos caído, en los déficits: en la caja fiscal, ocupacional, productivo, empresarial, educacional, nutricional, de vivienda, de salud, de valores. Con tantos déficits, que por donde se mida recaen en las clases más desposeídas, no debe extrañarnos que tengamos superávit delincuencial. La solución, además de las políticas de Estado, está en la preventa de petróleo, postergar la clausura de los pozos del ITT por lo menos dos o tres años, incrementar sueldos y el SMV en no menos de $500 a fin de aumentar el poder de compras, e incrementar inversión pública-privada en nuevas empresas. Si todo esto es irrealizable, estamos condenados a emigrar y que el último que salga apague la luz, como decían los uruguayos en la década del 70, con guerrilla urbana de Tupamaros. Superaron el bache con políticas de Estado.