La elección de presidente de la Corte reducida a la lógica de una liga barrial
Ajuzgar por los argumentos que han salido en torno a la forma en que debe elegirse al nuevo presidente de la Corte Nacional de Justicia, CNJ, parecería que se está hablando de un organismo con el nivel de una Comisión de Aseo e Higiene de colegio y no de uno de los organismos más relevantes del país. O de una veeduría ciudadana para la verificación del buen cuidado de los parques infantiles en un barrio de Guayaquil, Quito o Cuenca. En honor a la verdad, da grima pensar que un país que debería jactarse de, al menos tener una institucionalidad más o menos decente, no pueda elegir al nuevo presidente de la CNJ porque es tan embrollada su normativa que resulta imposible reemplazar al presidente cuando existen anomalías no previstas como es el caso actual. Esto se debe, entre otras cosas, a que no existe en el Ecuador una cultura o una tradición institucional para salir de estos atolladeros. También hay que decir que cuando la razón política de los actores es la de tomarse la justicia para buscar impunidades o hacer negocios rentables con sentencias hechas a la medida, los argumentos a favor de una salida o de otra llegan a niveles insospechadamente banales. Lo que ocurrió ayer, cuando nuevamente se cerró la sesión de la Corte sin una solución al tema, es alarmante.
Es cierto que hay razones y argumentos para un sinnúmero de fórmulas para la elección que incluso se contradicen ente sí. Hasta es probable que todas tengas algún sustento jurídico y de lógica también. Pero lo cierto es que en la cultura institucional del Ecuador y en las prioridades de la clase política, la administración de justicia es un asunto que no es tomada en cuenta si se considera la relevancia que tiene en un sistema democrático sólido. Para muestra un botón: no se puede elegir presidente de la
CNJ y a los partidos o movimientos que están en la Asamblea o el gobierno no dicen esta boca es mía. Y claro, tienen tantos intereses en tomarse la administración de justicia por sus cálculos judiciales que prefieren no elevar a la conversación nacional el tema sino que más tratan de ocultar las negociaciones que existen alrededor. ¿Se ha visto al Partido Social Cristiano o a otro argumentando públicamente sobre cómo se debe destrabar el proceso? No, para los partidos y movimientos es preferible acomodar sus piezas para poder tomarse la administración de justicia.
El punto argumental más visible de esta pugna para elegir presidente parece ser el tema de las prórrogas en funciones del actual presidente Iván Saquicela y otros cuatro jueces que están prorrogados y que deberían concluir sus funciones hoy sábado 3 de febrero. Todo esto porque se necesitan 12 votos y nadie los tiene. En la primera votación el actual presidente de la CNJ, Iván Saquicela, obtuvo 9 votos de los magistrados, a jueza Daniella Camacho tres y el juez José Suing asimismo tres. Luego desempataron Camacho y
Suing y la segunda vuelta fue entre Camacho y Saquicela: quedaron nueve a seis a favor de Saquicela. Le faltan tres votos, entonces. Eso podría cambiar si los cuatro jueces que terminan su período (Byron Guillén, Luis Rivera, Samno Macías y Fabián Racines) son sustituidos por conjueces, como pretende el Consejo de la Judicatura. Es exactamente por eso que surge la disputa de que no sean sustituidos, sino que se prorroguen hasta ser reemplazados. Además, sólo podrían ser reemplazados por concurso, según el Consejo de la Judicatura.
En la disputa también ha salido el argumento de la fecha: algunos dicen que Saquicela no podía adelantar las elecciones como de hecho lo hizo y que está bien que se haya se la haya adelantado dicen otros. O incluso hay quienes sostienen que hay un instructivo de la Corte Suprema de Justicia del 2004 que fue adoptado como resolución que dice que a falta del presidente debe posesionarse el más antiguo. O que hay alguna norma que sostiene que el que debe reemplazar a Saquicela cuando no se logra elegirlo es el mejor puntuado según el Departamento de Recursos Humanos. ¿Algo más infame que uno de los cargos con mayor importancia del país sea entregado por un informe de Recursos Humanos?
La elección del presidente de la más importante instancia del poder judicial en cualquier país con democracia consolidada y madura es un hecho nacional. Todos los actores políticos y sociales están pendientes de ese tema. Los medios se llenan de perfiles sobre los candidatos y el tema es central en la conversación nacional. En Ecuador, en cambio, es un asunto que se lo discute y negocia en conventillos políticos.