“La tipificación complementa los controles de las armas”
El Gobierno busca tipificar la tenencia y porte de armas de uso restrictivo para las FF. AA. y la Policía ❚ Una reforma al COIP permitiría crear políticas públicas
LAS FRASES
La pregunta 6 ratifica lo que ya existe. Pudo ajustar el COIP si había un vacío. Es más un tema de populismo penal.
ANDRÉ BENAVIDES Constitucionalista
Restringir y realizar controles más severos a quienes pueden acceder a las armas podría reducir la inseguridad.
DIEGO PÉREZ Experto en seguridad
Uno de los problemas en los altos índices de violencia y criminalidad en Ecuador es el porte y tenencia ilegal de armas, según analiza el Gobierno. De enero a julio de 2023, la Policía decomisó cinco mil armas de fuego “que eran utilizadas para actos delictivos”.
Pero eso no es todo. En los operativos, que realizan tanto la Policía como las Fuerzas Armadas (FF. AA.), notan una particularidad: que cada vez es más frecuente hallar armas que son de uso restrictivo para las fuerzas del orden en manos de bandas delincuenciales. Constan pistolas superiores al calibre 9 mm, fusiles, granadas, subametralladoras, entre otras.
Si bien el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en sus artículos 360 y 361 ya sanciona su porte y tenencia ilegal, no hay una diferenciación por la categoría del arma que posee una persona. Es decir, la pena puede ser la misma si se le encuentra una pistola o un lanzagranadas.
En este sentido, Daniel Noboa busca mediante la pregunta 6 de la consulta popular que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso restrictivo de FF. AA. y Policía. Eso sí, sin afectar las armas de fuego permitidas para uso civil.
Darío Bucheli, instructor de seguridad y analista de inteligencia, respalda la pregunta 6 de la consulta popular.
El especialista señala que “considerando las pobres capacidades institucionales de control que tiene nuestro país, tener muchas armas dando vueltas lo que hace es multiplicar el problema de seguridad”.
Argumenta que la tipificación es necesaria para reducir la capacidad de reacción y de aplicación de la fuerza de las organizaciones criminales. Además de quitar de circulación las armas de fuego artesanales, que son las que más ingresan al país de forma ilegal, y fortalecer el control por parte del Estado sobre esos objetos.
Bucheli reconoce que aunque no es la solución al problema de inseguridad en Ecuador, la propuesta sí aporta. Señala que es necesario tomar buenas decisiones al mismo tiempo para combatir la violencia, y esta medida es un paso importante en esa dirección.
El experto también recalca la importancia de los operativos y advierte que el Estado no debe cansarse de decomisar armas y de quitarle todo lo que pueda a las organizaciones criminales. El control del armamento y del financiamiento es clave para debilitar a los grupos delictivos.
Daniel Pontón, experto en seguridad, coincide y sostiene que es necesario diferenciar la pena por portar ilegalmente una pistola o una ametralladora, ya que este tipo de armamento tiene mayor poder destructivo.
Agrega que más allá de la sanción, su normalización da paso a la creación de políticas públicas acerca del tema del armamento.
“Es importante la tipificación porque complementa todo el control de armas”, explica.
Por su parte, el constitucionalista André Benavides observa que esa reforma al COIP bien se pudo hacer directamente con la Asamblea Nacional.
“Se está ratificando algo que actualmente existe. Se podía haber hecho una reforma puntual al Código Integral Penal y ajustar el texto si es que existía un vacío. Es más un tema de populismo penal”, sostiene.
Según datos de la Policía Nacional, entre los años 2020 y 2023 han sido incautadas 33.230 armas de fuego. De ese total, 4.597 son de uso privativo de los uniformados de las Fuerzas Armadas y policías.
El Gobierno asegura que estas armas de fuego en manos de civiles representan un inminente peligro para la sociedad, por lo que el control y sanción penal ayudarían a reducir los índices de violencia en el país.
LA CIFRA
33.230 ARMAS se incautaron de 2020 a 2023. De ellas, 4.597 son de uso privativo de FF. AA. y Policía.