Un frente de apoyo rechaza habeas corpus contra las Fuerzas Armadas
El juez Peña declaró la vulneración de derechos en las cárceles del país
El pasado 9 de febrero, el juez constitucional Manuel Peña Estupiñán declaró la vulneración de derechos en las cárceles de Ecuador y señaló al Estado, a través de las Fuerzas Armadas y el Servicio de Atención a las Personas Privadas de la Libertad (SNAI), como los responsables. Cinco días después, un grupo a fin a las fuerzas militares responde con una investigación y los califica de “angelitos”. Según el Frente Integral para la Regeneración Metapolítica del Estado y la Sociedad a fin a las Fuerzas Armadas, los presos patrocinados por los abogados del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) son “violadores, asesinos y narcotraficantes”.
Se trata, según la información publicada por este grupo, de Mendoza Maridueña Anthony William, Vera Salazar Omar Monserratt, Muñoz Luna Jefferson Ezequiel, García Balcázar Ricardo Alexander, Peralta Méndez John Ángel, Monserrate Campo Jaime Eduardo y Rodríguez Mosquera Máximo Wladimir. Quienes en calidad de ofendidos, según el portal de la Función Judicial, demandaron a las Fuerzas Armadas y al SNAI. Sin embargo, el frente publicó, en señal de rechazo, el prontuario delincuencial de quienes interpusieron la denuncia, y quienes han sido sentenciados por delitos como violación, asesinato, delincuencia organizada, delitos contra la vida, robo y porte de armas.
También ha detallado, según los datos publicados, que uno de los ofendidos intentó abusar sexualmente
de una menor de 13 años: “Esta lacra esperó a la menor afuera de su colegio, la amenazó para que se embarcara en su motocicleta, la golpeó y se la llevó a una hacienda para intentar violarla, pero no consumó el delito debido a que lo ahuyentaron”. Otros, tienen en su contra más de cinco procesos penales por cometer varios delitos.
En la publicación realizada por el frente a fin a los militares, también se señala a los juristas que litigan a favor de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad como cómplices: “A esto se dedican, a defender criminales peligrosos, buscar sus privilegios por medio de la justicia corrupta y deslegitimar a nuestras FF.AA. ¿A quién benefician sus acciones? ¿Quién los financia? ¿A quiénes sirven?”.
En su decisión, el juez resolvió, como reparación integral, que el Estado debe brindar atención médica ininterrumpida a los presos, dar seguimiento al estado de su salud mental, así como brindan acceso a luz, agua potable, alimentación, colchones, entre otras cosas. Además, dispuso que la Defensoría del Pueblo investigue en un plazo de 45 días los actos de tortura que han existido en las cárceles de Ecuador. También exhortó a las Fuerzas Armadas a que cumplan su labor respetando la ley y la dignidad de las personas.
EL DETALLE
Fallo. Surge del habeas corpus presentado por el Comité en favor de siete presos que requerían atención médica y que se les había restringido medicación.