Irresponsables al volante
Hasta hace un tiempo era común observar camionetas municipales cruzando el paso de peatones al girar una esquina, sin respeto hacia los transeúntes, o incluso pasando semáforos en rojo, provocando, desafortunadamente, accidentes. Un caso notable fue el ocurrido en 2020, cuando una camioneta conducida por un funcionario de la Municipalidad de Guayaquil, transitando a exceso de velocidad, embistió a un ciclista. También en ese año, un expresidente de la Corporación de Seguridad Ciudadana del Municipio de Guayaquil provocó otro incidente de tránsito.
La actuación del alcalde Aquiles Álvarez ha marcado un punto final a la errónea idea de que un vehículo municipal o de transporte público debe ser respaldado institucionalmente por autoridades o agentes de tránsito cuando cometen un delito en vía pública. Recientemente, este Municipio tomó la decisión de separar de inmediato al conductor de un vehículo municipal, presuntamente en estado de ebriedad, involucrado en un accidente de tránsito el 11 de febrero de 2024. La colisión se dio en la vía Perimetral, protagonizada por una camioneta institucional de apoyo para la Policía y las FF. AA. El conductor estuvo involucrado en un incidente que afectó a una mujer de 81 años, que fue trasladada a un hospital por el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. El Municipio asumió la responsabilidad de cubrir los gastos médicos y brindar apoyo a la víctima, y el alcalde condenó la indisciplina, anunciando la inmediata separación del conductor y subrayando el respaldo a la familia afectada. No obstante, la polémica surge ante la liberación del conductor el 12 de febrero, pese a la comprobación de consumo de alcohol, considerado delito flagrante. La Empresa Pública Municipal de Seguridad Segura EP criticó la decisión y rechazó la actuación del fiscal del caso. Esta acción de la alcaldía debe ser un ejemplo para demostrar que las autoridades están al servicio de los ciudadanos y no al revés, reafirmando la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública. Este episodio destaca la necesidad de fortalecer la aplicación de la ley y garantizar que ninguna influencia indebida afecte la justicia y seguridad vial, en beneficio de la comunidad.