Abuso sexual, el abismo de MENORES EN BOLIVIA
Familiares de niñas y mujeres desaparecidas denuncian la falta de investigación de un crimen sin cuantificar y con muy pocas condenas
Un hombre trajeado. Un chico con gorra y pantalones cortos. Un hombre con un mono de trabajo. Un hombre de avanzada de edad. Dos jóvenes en vaqueros. Otro con corbata y con el maletín todavía en la mano. Así, uno tras otro, 18 varones entran en un local de fachada roja en menos de un minuto, el tiempo en el que un semáforo mantiene la luz verde para el paso de los peatones en el distrito 12 de Octubre de la ciudad boliviana de El Alto. Un vigilante custodia la puerta, por la que asoma una ristra de urinarios de pared frente a la que hacen una breve parada los recién llegados. Lo que hay más allá de los váteres no se ve, pero se sabe: habitaciones donde los proxenetas prostituyen, fundamentalmente, a mujeres. La estampa es de lunes por la tarde y la zona, considerada roja en una escala en la que el color carmesí describe el grado máximo de peligrosidad de zona de prostitución, ya está llena de puteros. Se mire donde se mire. “Aunque de jueves a domingo hay todavía mucha más gente”, explica una trabajadora de la Fundación Munasim Kullakita (“quiérete hermanita”, en aymara), una organización boliviana que trabaja contra la trata de personas y la explotación sexual comercial de menores.
La mujer, a la que nos referiremos como Queen para proteger su identidad, llama la atención sobre una adolescente que espera en una esquina y sobre otro grupo de chicos que guardan fila frente a un portón metálico. “Cuando hay noticias de que llega una chica nueva, se concentra más gente”, cuenta Queen, que ha trabajado durante años en este barrio para rescatar a menores obligadas a prostituirse. “Hay por todas partes locales y hoteles con habitaciones que se alquilan por horas o minutos”, añade. Aquel edificio cubierto de cristales.
Aquel otro con aspecto de loft de Brooklyn. Aquel baño público donde “entrar acompañado cuesta tan solo cinco bolivianos [unos 0,7 euros]”. Y todos los que, en este distrito, que está muy lejos de ser una zona turística, llevan colgado el cartel de “alojamiento”. “Yo he llegado a identificar solo en estas calles unos 300 alojamientos más unas 120 casas de citas”, afirma Queen.la prostitución ejercida voluntariamente por personas mayores de edad no es delito en Bolivia, pero sí lo es la actividad de quien prostituye a una tercera persona para lucrarse. Queen critica este concepto de “voluntariedad” porque obvia la vulnerabilidad de quien la ejerce y porque sirve, en la práctica, para ampararla. Por ello, organizaciones como la suya se centran en lo que es ilegal a todas luces: la explotación sexual comercial de menores. “El consentimiento nunca existe en estos casos”, puntualiza.
“Es un fenómeno sin cuantificar y sobre el que existe un gran desconocimiento, tanto de sus dinámicas como de los espacios en los que se desenvuelve”, afirma Nancy Alé, coordinadora del programa Protejeres (Tejiendo Redes Seguras) de prevención de violencia sexual contra menores y que desarrolla la ONG Educo junto a Munasim Kullakita y otras organizaciones. Puede “materializarse en trata de personas, proxenetismo, violencia sexual comercial o pornografía”, añade Alé. En El Alto y La Paz, las paredes de estaciones de trenes, autobuses y el aeropuerto están cubiertos de carteles con rostros de personas desaparecidas y pantallas donde se alternan las imágenes y datos de mujeres a las que sus familias siguen buscando. La falta de datos complica el diagnóstico de este tipo de violencia. Según las últimas cifras del Ministerio de Gobierno de Bolivia, en 2022 hubo 711 denuncias por delitos relacionados con la trata de personas y delitos conexos (pornografía, proxenetismo, tráfico de personas y violencia sexual comercial), en las que en el 23% las víctimas eran menores de edad. Todos los expertos consultados consideran que estas cifras son solo la punta del iceberg: no se sabe con exactitud, por ejemplo, cuántas niñas y mujeres continúan desaparecidas o cuántas menores son explotadas sin que sus familias lleguen a denunciar. Según los datos preliminares del Ministerio de Gobierno, solo en 2023 se denunció la desaparición de 3.409 personas “de las que 485 continúan desaparecidas.
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