Supercía advierte sobre fallo que obliga al Estado a pagar $ 60,8 millones
Un peritaje de intereses elevó la cifra, que antes era de $ 35 millones
La sentencia que obliga a la Superintendencia de Compañías a pagar $ 60,8 millones por supuestas irregularidades en la compraventa de un inmueble que hizo hace más de tres décadas atrás (donde hoy funciona la Biblioteca de las Artes) está por ejecutarse. Así lo advierte el organismo de control, que denunció este hecho en marzo del año pasado y que, desde entonces, en instancias legales ha intentado pedir que se anule dicho fallo. Por el bien, dice, ya el Estado pagó 630 millones de sucres en 1989 y el cálculo de intereses que hoy se aplica, está errado.
La sentencia fue dictada por el IV Tribunal de la Sala Especializada
de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas y de ejecutarse, recuerda la Superintendencia, beneficiaría a Ricardo Calderón Pasquel -quien a su vez resulta ser cesionario de los derechos litigiosos del Banco del Descuento S.A., hoy en liquidación, una institución que hace 35 años tenía entre sus bienes el edificio en mención.
La sentencia se ratificó en segunda instancia, por la Corte Provincial de Justicia del Guayas, en noviembre del 2022, 15 años después de la sentencia de primera instancia de un litigio que tuvo su origen en junio del 2005, cuando la Superintendencia presentó una demanda para que se fije “un justo precio”. Una acción que motivó que el Banco de Descuento presentara una contrademanda, “pidiendo que se anule el contrato de compraventa, y como consecuencia de ello, se pague una indemnización de daños y perjuicios por $ 7,3 millones. Este pago podría darse, pese a que la entidad ha interpuesto los recursos extraordinarios de casación, revocatoria y extraordinario de protección, “los mismos que fueron resueltos con sorpresiva celeridad”. Como paso previo, la jueza María Isabel Valdiviezo De Lucca, perteneciente a la Unidad Judicial Civil de Guayaquil, solicitó un informe técnico para calcular los intereses que la SCVS deberá pagar, pero “los resultados del peritaje son un insulto no solo a la institución sino al país entero”, señala el ente de control a través de un comunicado.
En una cadena de “errores”, puntualiza el ente, calcula intereses sobre la base de $ 7’381.714.31, peso basado en tasas de interés publicadas por el Banco Central del Ecuador (BCE), entre los años 1989 y 1999, que corresponden a transacciones realizadas en sucres. Por lo tanto, “el uso de tasas inexistentes para el cálculo son inaplicables, porque es fundamental advertir que el contrato original fue pactado en sucres”.
“¿Cómo es posible que se hayan utilizado tasas de interés inexistentes, y por ende inaplicables, para sumar más de CINCUENTA Y TRES MILLONES DE DÓLARES SOLO EN INTERESES a los MÁS DE SIETE MILLONES que se pretende forzar a pagar ?”, cuestiona la Superintendencia.
EXPRESO hizo un reportaje al respecto a inicios del año pasado, en el que intentó fallidamente tener la versión de Calderón Pasquel -según registros, un abogado quiteño y doctor en Jurisprudencia. Ayer se volvió a hacer una solicitud de entrevista, vía correo, pero aún se espera una respuesta.
LA CIFRA
$ 53 MILLONES es el valor que corresponde solo a intereses. Eso suma al valor del bien (7,3 millones).