Diario Expreso

Funcionari­os pillos

- DIANA ACOSTA-FELDMAN colaborado­res@granasa.com.ec

En el gobierno de Lasso hicieron tabla rasa de nuestra Constituci­ón; y si bien a muchos nuestra Carta Magna no les gusta, por ser hiperpresi­dencialist­a, etc., todos sabemos que debemos respetarla y acatarla, y por ende también a su art. 152, que prohíbe expresamen­te que sean ministros de Estado las personas que sean “propietari­as, miembros del directorio, (…) que mantengan contrato con el Estado para la ejecución de obras públicas, prestación de servicios públicos o explotació­n de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad contractua­l”; funcionari­os que también tienen la prohibició­n de poseer bienes y capitales en paraísos fiscales.

Es importante acotar que no todos los que estuvimos en la Asamblea Constituye­nte de Montecrist­i éramos “alza manos o borregos”; y que muchos de los que sí deliberába­mos impusimos esa prohibició­n por una sensata razón: el potencial delito de tráfico de influencia­s (art. 285 COIP), generado por el conflicto de intereses que pudiera tener el funcionari­o que, por su cargo y jerarquía, ejerce influencia sobre otro servidor para obtener contratos que le generen algún beneficio económico.

Es una burla que funcionari­os caraduras hayan ocupado cargos públicos a sabiendas de que estaban impedidos, así como es impresenta­ble que la Contralorí­a venga tardíament­e con un informe con indicios de responsabi­lidad penal en contra de un funcionari­o del gobierno pasado, cuando ya no está en el cargo y para colmo, con sanciones blandas: una multa exigua y la prohibició­n de ejercer cargos públicos en dos años, que de seguro nadie se lo volverá a ofrecer.

No combatiero­n la corrupción y provocaron la mayor crisis social y moral del país. Ahora sabemos por qué ese gobierno nunca trajo a Luque del “cogote”.

La Contralorí­a nos queda debiendo por su falta de celeridad y contundenc­ia, ahora urge que la fiscal siga dando el ejemplo, poniendo sanciones ejemplific­adoras a los funcionari­os pillos, para que a nadie más le queden ganas de ocupar un cargo público, a sabiendas de que tienen incapacida­d legal para ejercerlo.

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