EE.UU. VS. TEXAS el desfase por una ley migratoria
El gobierno de Joe Biden busca una nueva ley estatal que daría licencia a policías para detener a migrantes que cruzan desde México sin autorización
El gobierno del presidente Joe Biden ha demandado al estado de Texas por una nueva ley estatal que le daría licencia a policías estatales y locales para detener a los migrantes que cruzan desde México sin autorización.
Una corte federal en Austin escuchó tres horas de argumentos el jueves para decidir si se va a detener la aplicación de la ley, que entraría en vigor el 5 de marzo.
El caso tiene profundas implicaciones para el futuro de la ley migratoria y la aplicación de las leyes fronterizas en Estados Unidos, y ha sido seguido de cerca en todo el país. Esto sucede en medio de una feroz lucha entre los partidos políticos —y también dentro de ellos— sobre cómo manejar la inmigración ilegal, y surge tras el juicio político del secretario de Seguridad Nacional por parte de los republicanos de la Cámara de Representantes y del fracaso de un acuerdo bipartidista en el Senado que buscaba reforzar la seguridad en la frontera. Texas argumentó que su ley es necesaria para disuadir a los migrantes de cruzar ilegalmente, como ha ocurrido en cifras récord durante el último año.
El gobierno de Biden argumenta que entra en conflicto con la ley federal y que viola la Constitución estadounidense, la cual le otorga al gobierno federal jurisdicción en materia de inmigración. El juez encargado del caso, David A. Ezra, del Distrito Oeste de Texas, fue nombrado por el presidente Ronald Reagan. Hizo preguntas con frecuencia, sobre todo cuando habló el abogado que representa al fiscal general de Texas, y parecía ser escéptico de la ley. “Digamos, hablando hipotéticamente, que estoy de acuerdo con usted”, dijo el juez Ezra a Ryan Walters, el abogado del estado. California podría entonces querer aprobar su propia ley de migración y deportación, dijo. Tal vez entonces Maine también quiere hacerlo, y luego otros estados, añadió. “Eso nos convertiría de los Estados Unidos de América a una confederación de estados”, dijo el juez Ezra. “Qué pesadilla”. ¿Qué dice la ley de Texas? La ley aprobada por la Legislatura de Texas, conocida como Senate Bill 4 o SB 4, tipifica como delito cruzar al estado desde un país extranjero por cualquier otro lugar que no sea un puerto de entrada legal, que normalmente se refiere a los puentes internacionales desde México. Según la SB 4, cualquier migrante visto por la policía cruzando el río Grande puede ser detenido e imputado en una corte estatal con un delito menor cuando se trata de la primera infracción. Una segunda infracción sería un delito grave. Tras ser detenidos, los migrantes podrían ser obligados a regresar a México durante el proceso penal, o ser sometidos a juicio si se niegan a hacerlo.
Los legisladores de Texas dijeron que habían diseñado la SB 4 para ser similar a la ley federal, que ya prohíbe la entrada ilegal. La nueva ley permite a los policías estatales de todo Texas llevar a cabo lo que hasta ahora ha sido el trabajo de la
Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. También permite que los migrantes sean enjuiciados por el nuevo delito hasta dos años después de cruzar a Texas. ¿Cómo desafía a la autoridad federal en materia migratoria? Los abogados del gobierno de Biden argumentan que la ley de Texas entra en conflicto con numerosas leyes federales que han sido aprobadas por el Congreso y que establecen un proceso para tramitar los procedimientos de inmigración y las deportaciones.
El gobierno afirma que la ley interfiere con el papel del gobierno federal en la diplomacia exterior, destacando las quejas que el gobierno de México ya ha presentado contra las acciones fronterizas de Texas. Las autoridades mexicanas dijeron que “rechazaban” cualquier legislación que permitiera a las autoridades estatales o locales enviar a los migrantes, la mayoría de los cuales no son mexicanos, de vuelta a México a través de la frontera. Es probable que la lucha por la ley acabe ante la Corte Suprema de EE. UU., según los expertos jurídicos.
De ser así, le daría a la mayoría conservadora (6 contra 3) la oportunidad de volver a examinar un caso de 2012 que surgió cuando Arizona intentó asumir las responsabilidades de aplicar la ley migratoria. En ese caso, Arizona contra Estados Unidos, la corte se decidió por un estrecho margen a favor del poder del gobierno federal para establecer la política de inmigración. Organizaciones de migrantes han criticado la ley porque podría dificultar la solicitud de asilo de los perseguidos.
DICTAMEN
Texas y el gobierno de Biden llevan meses peleándose sobre la ley. Uno de los casos involucra la instalación de una barrera de boyas en medio del río Grande.