Aún estamos a tiempo
Uno de los elementos claves para la inserción del narcotráfico en la sociedad colombiana de los años ochenta y noventa fue el flujo de recursos provenientes de esa actividad en los barrios urbano-marginales de las ciudades colombianas, particularmente de Medellín y Cali, pero también en otras localidades donde el microtráfico se desarrolló exponencialmente. Lo anterior, sin perjuicio de la ‘derrama’ de recursos que significaba el proceso de producción y transformación en los sectores rurales, particularmente en Nariño, Norte de Santander y Putumayo.
Una fracción de los recursos de las actividades ilícitas era filtrada a la comunidad para su bienestar, generando en el tejido social una fuerte alianza. El Estado era sustituido por el narco, quien proveía servicios de salud, educación, asistencia alimentaria, así como otras formas de bienestar en lo deportivo y social. En algunos casos incluso, este tipo de régimen generaba un sistema de justicia comunitario efectivo, impidiendo la propagación de delitos menores.
En el Ecuador actual no hemos llegado a esta etapa, pues la generación de valor económico que produce la actividad internacional en su mayor parte es percibida en el exterior, con lo cual las organizaciones delictivas locales deben desarrollar el microtráfico y otras actividades conexas como la extorsión, aún en niveles muy bajos de la pirámide social. Esto provoca el rechazo, por lo general, de la población, generando un conflicto. Ciertamente hay vestigios de vinculación social aislada, pues una actividad económica de tal magnitud no puede dejar de hacer fluir recursos localmente, pero no en las dimensiones de Colombia de fines del siglo pasado.
Es ahora entonces cuando el Estado, el sector productivo y la sociedad civil deben actuar juntos para impedir que se conquiste al tejido social. Si es que las actividades delictivas logran éxito en la transformación de recursos a otras áreas como minería ilegal o actividades de fachada lícita, la pelea será más difícil.
Estamos a tiempo para ganar esta guerra, que no solo se gana con balas, jueces y prisiones.
Un objetivo del Estado y la sociedad civil es impedir que el narcotráfico conquiste a los menos poseídos y vulnerables, haciéndolos sus aliados.