Reformas penales y desvergüenza
Entrada en vigencia la Constitución de 2008 comenzó la aprobación masiva de nuevas leyes. Una de ellas fue el Código Integral Penal de 2014, que no solo concentraba las materias que antes se desarrollaban en tres códigos (penal, procedimiento penal y ejecución de penas), sino que tenía por pretensión establecer una “reserva de código”, es decir, que la tipificación de infracciones no solo sea materia de ley, sino que todo el catálogo de infracciones y de sanciones penales se agrupen en un solo cuerpo normativo.
Una reserva de código tiene notorias y notables ventajas. En la práctica resulta mucho más adecuado para el destinatario de la norma que todas las infracciones penales se encuentran aglutinadas en un solo texto, lo que también constituye una gran ventaja constitucional si se considera el principio de seguridad jurídica, pues éste sería llevado a un grado superior de cumplimiento: al evitarse la dispersión normativa, los receptores de la norma, que somos todos, podríamos conocer con mayor certeza cuáles son las conductas reprimidas y qué comportamientos no están restringidos. En todo caso, un texto unitario no garantiza, por sí mismo, que sus preceptos sean claros, es decir, inequívocos en cuanto a su sentido y alcance.
Ahora bien, el ‘aprovechamiento de pánico’ es, cada vez más, un hábito en nuestros politicastros. De este modo, con el novedoso sistema de la Ley de la Función Legislativa de 2009 que permite aprobar en paquete cuerpos normativos completos, el ‘pasar de agache’ normas vergonzosas es tanto más fácil según sea el tamaño del proyecto. Así, en este mismo COIP la contratación pública ‘a dedo’ dejó de ser peculado (delito imprescriptible) y pasó a un mero tráfico de influencias (con una sanción menor). La eliminación de este despropósito en la reforma de 2021, por su irretroactividad, no afectó a los desvergonzados que lo hicieron hasta ese momento.
Hoy vemos como, otra vez, pretenden vernos la cara con el sistema de aprobación en paquete de reformas penales en las que se incluyen los tan tradicionales, como inútiles, agravamientos de penas (mientras se ataca a la Fiscalía, para que no se impongan), contrabandeando normas tendentes a la impunidad de privilegiados, no solo modificando el recurso de revisión sino obligando a los jueces a acatar informes de dudosos organismos internacionales más preocupados de sus relaciones políticas que de cumplir con el fin para el que se crearon.