El limbo de los VIENTRES DE ALQUILER
Si bien la UE incluyó esta práctica dentro de la ley de trata, Colombia es una opción para miles de parejas nacionales y extranjeras
“
La maternidad subrogada es un poco lo mismo que le pasa a una nana (niñera). Ella sabe que los hijos no son de ella y, aun así, hace todo lo que esté en su mano para cuidarlos y protegerlos”. Así describe la abogada bioeticista María Fernanda Pérez la práctica de los vientres de alquiler.
Para la Unión Europea, sin embargo, es una forma de explotación reproductiva que entrará próximamente bajo el paraguas de la ley de trata cuando exista coacción. En Colombia, aunque se ha intentado regular en dos ocasiones, ambos proyectos de ley están archivados; no pasaron nunca el primer debate en la Cámara. “Y todo lo que no está prohibido, se permite”, lamenta Lina Morales, de la Red Jurídica.
Abogadas como Pérez, que buscan a una ‘mujer subrogante adecuada’ y llevan los procesos civiles del cambio de nombre de los padres en el acta de nacimiento, cobran desde 7.000 dólares por caso. “Lo que ganan las mujeres varía mucho”, dice Pérez. Colectivos feministas y las propias mujeres que ofrecen su vientre en redes sociales aseguran que muchas aceptan por menos de 3.000.
Pero Lorena Restrepo necesita al menos 7.500 dólares y una mensualidad por cada mes de gestación. “He escuchado que pueden pagar más si es en una clínica, pero vivo en Pasto (una ciudad al sur del país) y yo no puedo dejar a mis hijos solos durante 10 meses”, cuenta por teléfono. Esta madre soltera de 33 años mantiene a sus tres hijos con un poco más del salario mínimo (255 dólares).
“Pero también he escuchado que pagan mucho menos, que a algunas ni siquiera les quieren pagar”, dice. La colombiana puso el anuncio hace poco más de un mes en Facebook y ya ha recibido 10 ofertas, pero ninguna supera los 5.000 dólares. “Quiero darles una vida mejor a mis hijos y celebrarle los 15 a mi nenita”, añade.
En el escenario actual colombiano, Lorena puede ofrecer su vientre, así como cualquier pareja, nacional o extranjera, puede pagar por él. No existe ninguna regulación de precios, ni condiciones, ni requisitos. Y mucho menos una asociación directa a la explotación reproductiva de esta práctica, como sucede en países como España, Francia, Alemania o Italia.
Para María Cristina Hurtado, abogada y politóloga feminista, este limbo es un reflejo de los intereses comerciales en el país: “Esto es un negocio multinacional que produce casi tanta plata como la pornografía. Los lobbies que están detrás son las clínicas de reproducción asistida y las parejas extranjeras que en Estados Unidos o Europa que compran niños por 60.000 dólares y aquí no les cuesta casi nada”. Para Hurtado, una de las voces más críticas contra los vientres de alquiler en Colombia, lo más grave es que sea la propia izquierda quien salga a defenderlo, “como una medida feminista”: “Voté a un Gobierno que se declaraba en contra de las políticas neoliberales y se están metiendo en lo más profundo de los derechos humanos. Estar en contra no es moralista, es defender los derechos de las mujeres y niños”.
En 2022, la Corte Constitucional exhortó al Congreso a regular la práctica para salir de este vacío legal. Esto incluía también la opción de prohibirlo. Sin embargo, hubo dos únicos proyectos de ley -uno presentado por Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, y otro por el propio Ministerio de Justicia- que no buscaban perseguir esa práctica, sino regularla. Pedían más o menos lo mismo, aunque incluían diferentes limitantes sobre la edad de las mujeres subrogantes o la nacionalidad de los ‘padres intencionales’.
Dos parejas extranjeras que hicieron uso de la subrogación en Colombia denegaron la entrevista al conocer que participarían en el texto voces en contra.
Así, en ese vacío en el que sigue, el procedimiento actual en Colombia es relativamente sencillo. El primer paso, tras recibir la petición de una pareja que no puede o no quiere gestar su propio bebé, empieza la elección de la mujer subrogante por la clínica o por abogados particulares como Pérez. “La elegimos muchas veces del boca a boca. Nunca les pinto las cosas como no son. Les soy muy sincera: les digo que pueden morirse, que es igual de riesgoso que cualquier otro embarazo y que en caso de que los papás intencionales le pidan abortar, si el feto viene con enfermedades, lo tienen que hacer porque el material genético no es de ella. Es de ellos”, explica. Esa precisión, que los óvulos no sean nunca los de la mujer subrogante, fue de los pocos lineamientos que dio la Corte. De resto, prácticamente todo estaba por hacer.
Gladys Gómez, no quiere dinero. “Quiero una casa para poder vivir tranquila”, dice por teléfono. Es de Cali y nunca ha sido madre, trabaja ‘de lo que salga’. A veces en estética, otras como prostituta. “Si por mí fuera, que me adoptaran a mí también junto con el bebé, así sea para hacer aseo. No tengo ni para comprar una gaseosa. Solo un milagro va a hacer que desista de esta idea”, cuenta por mensaje de Whatsapp. En Colombia, el 37,6% de las mujeres no puede pagar la canasta básica de alimentación.
EL NEGOCIO
Para la abogada penalista Helena Hernández, en Colombia confluyen todos los requisitos del negocio: precios bajos y una alta vulnerabilidad de las mujeres para tener un hijo.
3.000 DÓLARES
es lo mínimo que acceden las mujeres en Colombia para ‘alquilar sus vientres’ y poder traer al mundo un niño.