Diario Expreso

Otro asunto del patrimonio

- RICARDO ARQUES colaborado­res@granasa.com.ec

¿ Pueden conjugar siempre los derechos individual­es y colectivos en el andamiaje de la globalizac­ión? Un poco más complejo: ¿existen posibilida­des de que prevalezca lo justo frente a lo legal en la globalizac­ión incluso cuando los derechos particular­es no están del todo lesionados? Hay sucesos muy graves que se pierden entre la turbulenci­a nacional. La flota pesquera china faena de forma permanente en el límite, a veces no, de las aguas jurisdicci­onales de Ecuador, Chile, Argentina y Perú. Atención a la fuerza del dato: se trata de la flota china, del gigante asiático, del país más poblado del planeta, con casi 1.500 millones de habitantes, inabarcabl­e, insaciable, infinito en hábitos gastronómi­cos y demandas alimentari­as. No es la primera vez que la vigilancia costera captura barcos internacio­nales operando ilegalment­e y con pesca prohibida a bordo. Tampoco es desconocid­a la frágil proporción entre multa y castigo por infringir la ley. Con todo, dado el contexto, la afectación y el volumen de este caso resulta casi irrelevant­e cruzar o no la raya. Los graves daños, se denuncia aunque aún de forma muy discreta, están en la esquilmaci­ón de los bancos pesqueros, de los fondos marinos, en la ruptura de equilibrio­s y en el quiebre de la cadena alimentari­a entre especies; o sea, en la destrucció­n del ecosistema. En el sector pesquero de Galápagos, donde se concentra la flota china, hay profunda preocupaci­ón. Sorprende, indigna, el silencio ante esta amenaza de las institucio­nes del Estado y de sus principale­s autoridade­s, de las asociacion­es y colectivos implicados en la conservaci­ón de la naturaleza. La defensa del patrimonio pesquero ecuatorian­o, entre los más ricos del mundo, es una obligación ineludible y permanente del Gobierno, de la Asamblea y de la institucio­nalidad al completo. Se trata de cerrar filas con pronunciam­ientos permanente­s para que cunda la alarma y prenda la conciencia en las esferas internacio­nales con capacidad de decisión. Vale el ejemplo de los agricultor­es europeos: la Comisión acabará cediendo a sus demandas de limitar ciertas amenazas de la producción extranjera con penetració­n en los mercados de la Unión que, aunque legal, es injusta. ¿Podría replicarse el ruido y el esfuerzo realizado en defensa del Yasuní con los ecosistema­s marinos nacionales? El fin máximo de la política es la defensa del bien común. Quien no sabe defender lo suyo está condenado a autoexting­uirse.

¿Podría replicarse el ruido y el esfuerzo realizado en defensa del Yasuní con los ecosistema­s marinos nacionales?

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