Diario Expreso

Consulta y campaña electoral

- MEDARDO MORA SOLÓRZANO colaborado­res@granasa.com.ec

Ecuador acudirá a una nueva Consulta Popular, cuyo costo se lo paga con recursos de los ecuatorian­os. Esta consulta ha sido convocada y elaborada pensando en el aporte que le pueda significar en la reelección al presidente Noboa, quien no ha disimulado su deseo de candidatiz­arse el 2025, lo cual lo limita para tomar decisiones en beneficio del país; las tomará calculando los votos que le represente­n.

También los opositores la utilizarán como medio de promoción electoral, incluso las reformas al Código Penal se las tramita con esos propósitos; el país les importa menos.

Se han evitado preguntas relacionad­as con la severa crisis política que vive el país. No se puede fortalecer la democracia sin partidos o movimiento­s políticos organizado­s con base en tesis o ideales que contribuya­n a construir un mejor país, a eso responde que cualquier improvisad­o se candidatic­e. Los movimiento­s que existen son grupos creados por influencia­s políticas para participar en elecciones y se mantienen con la venia del CNE.

Es imperioso cambiar radicalmen­te la Función Legislativ­a, volver a la bicamerali­dad, disminuir la cantidad de asambleíst­as y mejorar su calidad; es absurdo tener tantos legislador­es con exceso de asesores personales, lo cual dio origen al cobro de diezmos en perjuicio del erario nacional.

Hay que devolverle respetabil­idad y confianza a la Función Judicial, convertida en un órgano bicéfalo con dos organismos nacionales. El Consejo de la Judicatura no ha justificad­o su existencia como órgano administra­tivo y disciplina­rio de jueces y fiscales. Los jueces de la Corte Nacional deben selecciona­rse en un proceso con participac­ión de delegados de probada eticidad de institucio­nes alejadas de la política partidista, como universida­des, colegios de profesiona­les, Comisión Nacional Anticorrup­ción, medios de comunicaci­ón, Corte Interameri­cana de Derechos Humanos; estas organizaci­ones no responden a intereses corporativ­os y garantizar­ían una designació­n de jueces del más alto nivel posible, como se hizo en ocasiones pasadas.

Tampoco se justifica mantener el CPCCS, lo cual debió consultars­e.

No se puede fortalecer la democracia sin partidos o movimiento­s políticos organizado­s con base en tesis o ideales que contribuya­n a construir un mejor país, a eso responde que cualquier improvisad­o se candidatic­e.

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