Renuncia el primer ministro de Perú, y Dina Boluarte anuncia a su reemplazo
El funcionario saliente, Alberto Otárola asegura que esto es un complot
La crisis que afrontó en los últimos días en el Gobierno de Perú se cobró la cabeza del primer ministro, Alberto Otárola, quien renunció al cargo tras ser acusado de facilitar un contrato irregular de su expareja con el Estado.
Otárola anunció el martes 5 de marzo su dimisión en una comparecencia ante la prensa, en la que no aceptó preguntas, tras reunirse durante dos horas en el Palacio de Gobierno de Lima con la presidenta Dina Boluarte.
Después de la difusión de un audio entre Otárola y la joven Yaziré Pinedo, Boluarte dispuso el regreso inmediato del primer ministro, quien se encontraba en Canadá, y la Fiscalía anunció el inicio de diligencias preliminares contra el jefe del gabinete por la presunta comisión de dos delitos de corrupción.
Otárola sostuvo que tomó la decisión de renunciar para “darle tranquilidad” al Gobierno, aunque consideró que es víctima de un complot del que responsabilizó directamente al expresidente Martín Vizcarra (2018-2020).
Afirmó que “en las últimas horas el país ha sido testigo de un complot, de una conspiración” en su contra y que en esa “operación mediática” participaron “personajes que actúan en la sombra”.
Mientras que la presidenta peruana, Dina Boluarte, designó ayer como nuevo primer ministro al hasta ahora representante permanente ante la Organización de Estados Americanos OEA), Gustavo Adrianzén, quien fue ministro de Justicia en el Gobierno de Ollanta Humala.
Adrianzén, de profesión abogado, reemplaza en el cargo a Alberto Otárola, que renunció el martes acusado de haber facilitado la contratación de una expareja con el Ministerio de Defensa.
El nuevo jefe del Gabinete ejerció el cargo de ministro de Justicia entre abril y octubre de 2015, un puesto en el que reemplazó a Fredy Otárola, hermano del hasta ayer jefe de gabinete.
Como ministro defendió la posición de Perú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), por posibles ejecuciones extrajudiciales durante la operación Chavín de Huántar de 1997, con la que las Fuerzas Armadas consiguieron la liberación de cerca de un centenar de personas secuestradas por el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA).
EL DETALLE
Caso. Otárola y su expareja, Yaziré Pinedo, aceptan que el hecho ocurrió, pero niegan las imputaciones hacia ellos.