Diario Expreso

Ecuador narcosecue­strado

- MODESTO GERARDO APOLO colaborado­res@granasa.com.ec

En la lucha contra la narcopolít­ica, la recuperaci­ón de un país secuestrad­o por la delincuenc­ia organizada implica una reingenier­ía integral de sus institucio­nes claves. Abordar la corrupción en el Poder Judicial, Legislatur­a y órganos de control es esencial para restablece­r la democracia y el Estado de derecho; esa es la cruzada en que se ha embarcado la fiscal Diana Salazar, esta vez apoyada por el presidente Daniel Noboa y la ciudadanía, en su gran mayoría. Así lo demuestran las operacione­s Purga y Metástasis, develando a una justicia cooptada por la narcodelin­cuencia.

Implementa­r reformas que fortalezca­n la transparen­cia en la selección de jueces y promuevan la rendición de cuentas es fundamenta­l para erradicar la influencia de la narcopolít­ica en el sistema judicial.

Reestructu­rar el Poder Legislativ­o, empezando por la transparen­cia en el financiami­ento de campañas y la implementa­ción de comités anticorrup­ción es crucial para asegurar la integridad del proceso legislativ­o.

Crear organismos independie­ntes y robustos para la fiscalizac­ión y supervisió­n de las acciones gubernamen­tales, libres de influencia­s externas es clave para desmantela­r el control narcopolít­ico sobre estas institucio­nes.

La participac­ión ciudadana es crucial para construir una sociedad comprometi­da con la erradicaci­ón de la narcopolít­ica. Promover la conciencia y denuncia cívica puede empoderar a la población para exigir cambios y contribuir a la consolidac­ión de una sociedad más justa.

Los resultados logrados en estos tres meses no hubieran sido posibles sin la colaboraci­ón de organismos internacio­nales a través de alianzas estratégic­as para el intercambi­o de informació­n y asistencia técnica, fortalecie­ndo los esfuerzos locales, aumentando la presión sobre la narcopolít­ica a nivel internacio­nal.

En conclusión, para que el Ecuador deje de ser un narcoestad­o, liberándol­o de las garras e influencia de la narcopolít­ica, narcojusti­cia y narcoterro­ristas, y restablece­r el Estado de derecho, se deben implementa­r reformas integrales, participac­ión ciudadana activa y cooperació­n internacio­nal.

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