FAMILIAS INMIGRANTES con incertidumbre en Chile
Tras los megaincendios de Viña del Mar lo perdieron todo y se quedaron sin hogar. No pueden ser censados porque migran, pero los afectados piden apoyo
El fuego no distinguió a nadie: Familias ecuatorianas, colombianas, venezolanas, dominicanas, haitianas, peruanas y chilenas vieron juntas, después de un escape desesperado flanqueado por las llamas, cómo el voraz incendio que afectó a Viña del Mar hace un mes, en pleno litoral central chileno, consumió en cuestión de minutos la totalidad de sus casas en la población Naciones Unidas, un asentamiento irregular situado en la parte alta de la ciudad.
“Fue algo tan rápido y tan notoria su intencionalidad. Uno de los focos fue detrás de mi casa, otro a una distancia de unos 200 metros y otro a 200 metros en la otra dirección. El viento ese día corría fatal acá, todo se quemó en cuestión de 15 minutos, en ese ratito perdí 7 años de esfuerzo, todo fue muy doloroso”, dijo el soldador ecuatoriano de 38 años Fernando Murillo, uno de los fundadores de la comunidad cuyo núcleo está conformado mayormente por extranjeros.
De las más de 30.000 personas que sufrieron los estragos del incendio, aún se desconoce cuántas son inmigrantes, un segmento que, según dijeron diversas organizaciones y autoridades, tendrá mayores problemas para acceder a ayudas estatales anunciadas por el Gobierno para agilizar la reconstrucción de viviendas y apoyar el ejercicio de otros derechos fundamentales, como la asistencia de los más pequeños a las clases que inician en marzo.
Sin número social ni documentos y con situación migratoria irregular, el panorama se ve incierto. Con sus casas emplazadas sobre una loma que se descuelga de los oteros más altos de la ciudad y recorrida por una línea de torres de alta tensión por las que baja el cableado eléctrico hacia plantas cercanas al centro, las 72 familias de la población de Naciones Unidas son conscientes del problema.
“Aquí hay unas 400 personas, de las que aproximadamente 120 están en esa situación, adultos y niños que no tienen papeles. No haberse empadronado a tiempo es una de sus principales dificultades para la emergencia, será difícil acceder a bonos asociados a un número social, que es dinero que se reinvierte en construir”, comenta Murillo.
Los campamentos, conocidos en otros países como ‘villas miseria’, ‘ciudades perdidas’ o ‘favelas’, se ubican generalmente en zonas apartadas, como el caso de Naciones Unidas. En ellas hay un gran número de población migrante que ha llegado en los últimos años, pero que no ha sido registrada o cuyo seguimiento resulta casi imposible de hacer.
“Es difícil catastrar. Hablamos de familias que migran constantemente. Un grupo con el que trabajamos antes, por ejemplo, ya no estaba en la región, ya había migrado. La movilidad es permanente y constante, y muchas familias que fueron afectadas al ver que perdieron todo, que les cuesta mucho encontrar arriendo o lugares alternativos, deciden irse. Es difícil constatar la cantidad de personas afectadas y los municipios están levantando bases generales”, explica la encargada de la oficina de Valparaíso del Servicio Jesuita Migrante (SJM), Griceld Antipil.
Según Antipil, hay una situación de irregularidad migratoria. Hay familias que tienen alta presencia de niños y niñas, muchos chilenos porque nacieron en este país. Pero la gran dificultad es que no tienen acceso a un Registro Social de Hogares (RSH) – sistema de información que apoya la distribución de programas sociales– porque son menores de edad. “Como sus familias están irregulares no pueden incluirse en ningún otro grupo familiar y sus madres o padres no pueden hacer un RSH. Como aún no hay claridad en cuanto a las ayudas, no sabemos que va a pasar con las familias”, subraya.
Por otro lado, equipos tanto del SJM como de otras organizaciones han podido constatar en terreno que muchas familias han perdido documentos claves de su país de origen, lo que puede complejizar aún más el acceso a las ayudas públicas.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) se desplegó desde los primeros días posteriores a la emergencia en la zona central de Chile. Al igual que otros organismos, tanto de la sociedad civil como del Estado, reconocen la dificultad para censar a las familias extranjeras que perdieron todo.
“Calculamos de forma preliminar que en las poblaciones Argentina y Pompeya Sur, tenemos 3.500 personas afectadas. Un 10 % de ese número son personas migrantes”, dijo la coordinadora de la OIM, Giselle Brown.
IDENTIDAD
Según varios organismos, muchas familias han perdido documentos clave de su país de origen, lo que impide aún más el acceso a las ayudas públicas.