El círculo del buen vivir judicial
El entramado de la corrupción judicial, expuesto por la fiscal general en el caso Purga con la detención de 13 personas, no hace más que evidenciar, una vez más, lo que ha estado pasando por años en el sistema judicial ecuatoriano, no solo en la provincia del Guayas. La diferencia es que ahora han caído algunos peces gordos, pero aún así no están todos: faltan los que armaron las estructuras jurídicas para permitir que fiscales y jueces actúen en favor de intereses criminales.
Tal como lo explica la fiscal Diana Salazar en la acusación contra el exasambleísta Pablo Muentes, son las más altas esferas de la política legislativa las que pusieron a su servicio a toda la administración de justicia de la provincia del Guayas, con la unión de dos armas letales para la institucionalidad democrática: la delincuencia organizada y la corrupción judicial. Y es esto lo que evidencian los casos Metástasis y Purga, pero seguramente no serán los únicos porque de estos se desprenderán otros más adelante. Ello ha llevado a que jueces y fiscales, que sospechan que pueden estar en los chats de los procesados, tomen la decisión, en unos casos de mudarse de casa y en otros, de pernoctan en otros sitios durante los fines de semana.
No sorprende que las narcotramas corruptas hayan utilizado ‘troll centers’ para defenderse con campañas comunicacionales, ni que se hubiese logrado una vulneración del sistema de sorteo de la Corte de Justicia de Guayaquil para que ciertos casos vayan a parar a los despachos de los jueces comprados con dinero o con puestos de mayor jerarquía.
Seguramente una parte de las redes de corrupción de Pablo Muentes, el exasambleísta Ronny Aleaga y Leandro Norero han sido expuestas, pero estoy convencida de que todavía hay tentáculos mucho más grandes
La trama de corrupción de la narcopolítica aún no ha sido desbaratada; puede que hayan caído algunos peces gordos, pero seguramente hay más y de mayor tamaño.
camuflándose hasta que pasen las investigaciones y el escándalo.
Durante tres décadas he leído y escuchado sobre la metida de la mano de los políticos en la justicia. Lo he escuchado desde el gobierno de Durán Ballén, seguido de los de Bucaram, Alarcón, Mahuad, Noboa, Gutiérrez, Palacios, Correa, Moreno, hasta el de Lasso. Y no he visto que ningún gobierno ni ninguna Asamblea, durante estos 30 años, haya hecho algo para evitarlo. Si así hubiese sido, hoy no tendríamos tantos jueces y políticos coludidos, robándose el dinero del pueblo.