La agroexportación quiere ser prioridad
Industrias de este sector piden fortalecer el trabajo de Arcsa
Más de cinco millones de ecuatorianos trabajan en áreas vinculadas a actividades agropecuarias, de comercio, de alojamiento y de servicios de comida. Más de 2,4 millones de personas están relacionadas laboralmente al sector primario de producción agropecuaria. El sector agroalimentario significa el 14 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país, el 47 % de las exportaciones totales y el 72 % de las exportaciones no petroleras.
Entonces, se pregunta Christian Wahli, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas (Anfab), ¿por qué no se lo declara como prioridad nacional y se sigue apostando por una industria petrolera que lo único en que se ha convertido es en un foco de corrupción?
Así se lamentó el representante gremial tras exponer esta semana la compleja situación actual bajo las cuales deben desenvolverse las empresas nacionales. Pero lejos de convertir el conversatorio realizado en el Club La Unión de Quito en un encuentro de lamentos, lo aprovechó para analizar y esbozar posibles soluciones.
Wahli dio a conocer el plan Ecuador Agroalimentario, que busca integrar a los diferentes actores de la cadena de valor, con un propósito común: “proponer una visión desde el consumidor hacia el productor, en materia de sostenibilidad, competitividad, innovación e inserción en mercados internacionales”, aseguró Wahli.
Sin embargo, durante el encuentro, que también contó con exposiciones técnicas de especialistas sobre la producción y el manejo de alimentos, fue inevitable abordar la coyuntura acerca de la presencia de altos valores de plomo en ciertos productos, dados a conocer por las autoridades de control. “Todos los alimentos tienen plomo... Lo que sucede es que hay niveles tolerables que están regulados, pero todos los alimentos lo tienen, por la contaminación ambiental”, dijo Nicole Troya, directora de Asuntos Regulatorios y Normativos del gremio.
En esa dirección, Wahli exhortó al Gobierno a que se imponga como prioridad rescatar e impulsar el trabajo de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), para evitar situaciones como las que se viven, dado que se ha llegado al punto de que sea la FDA (The Food and Drugs Administration) de EE. UU.) la que detecte casos de alto contenido de plomo en productos provenientes de Ecuador y no la propia Arcsa.
“Han pasado 11 directores por la Agencia en 10 años, no hay estabilidad. De los $ 24 millones que recauda, $ 12 millones van a la caja fiscal. Faltan recursos para una agencia importantísima porque es la que vigila que todo lo que se consume esté en perfecto estado”. Troya añadió que es necesario apalancarse con la academia, que cuenta con laboratorios que pueden suplir las deficiencias técnicas y operativas de la Arcsa. “No se trata tanto de actualizar normativas, sino de que se haga el trabajo en campo”.