Temas que preocupan al país
La señora Fiscal Diana Salazar ha dado severos golpes a la delincuencia organizada parapetada en los poderes más sensibles del Estado: el Legislativo y el Judicial, cuyo cumplimiento de funciones se degrada inconteniblemente. Los delincuentes de cuello blanco quieren ‘hacerse chiquitos’, y ocultarse de la justicia y del escrutinio público; pero es tarde, se les durmió el diablo. Los mandamases se sienten descubiertos y acorralados y cargan con las consecuencias de no haber controlado mejor las ‘diabluras’ de su gente.
Cabe recordar que desde hace dos o tres décadas asomaron las ‘bahías’, en especial en el Puerto principal, donde familias de antiguos migrantes hicieron del contrabando una actividad que perjudica gravemente al erario nacional, en contubernio con los organismos de control, que han preferido mirar a otro lado. A partir de este ilícito y millonario negocio han surgido otros, como el tráfico de tierras, el atraco a los fondos públicos, el tráfico de drogas, el blanqueo de capitales, el sicariato y la narcopolítica como un poder paralelo. Por ejemplo, con una parte de los impuestos evadidos y que se deberían recuperar, habría dinero para reestructurar el sistema educativo, con criterio tal que permita a los jóvenes insertarse con solvencia en el mercado laboral nacional y mundial, y así terminar con la frustrante realidad que hoy viven: reprobar masivamente los exámenes de ingreso. ¿A quién le importa el país lo suficiente como para construir nuevos cimientos basados en la educación de calidad? De ser verdad que la Consulta no se efectuaría por falta de recursos económicos, el presidente Noboa tendría en sus manos la oportunidad de plantear una que contenga temas urgentes que den respuesta a la calamitosa situación del país: convocar una Constituyente para reformar la Constitución; permitir la explotación del Yasuní; racionalizar la Ley del IESS para proteger y recuperar su capital; auditar las inmensas fortunas de dudosa procedencia y los bienes del Estado; revisar y auditar contratos mineros y petroleros y las concesiones de servicios entre el Estado y empresas extranjeras.