Inejecutabilidad de contratos colectivos
Las declaraciones de la ministra del Trabajo sacan a la luz una realidad que tiene décadas minando a las empresas estatales, también a las privadas, ya que al no existir regulación ni límites para las pretensiones de los trabajadores cuando se trata de la contratación colectiva, de ser concedidas bajo presión de huelga y otras medidas de fuerza, la imposibilidad del cumplimiento de las mismas es inevitable.
Es conocido que el sindicalismo se ha convertido en un elemento más de los grupos políticos de izquierda. Con su discurso de explotación les hacen creer a los trabajadores que solo existen derechos y que para pedir no existen límites, sin importar si se pone a la empresa en situación crítica, al punto del borde de la quiebra.
En el sector público la única diferencia es que el Estado no puede quebrar y que según los burócratas, la plata del Estado debería beneficiar a los trabajadores públicos; de ahí que sería su “derecho” tener elevados sueldos y prebendas.
La relación laboral está dada por el equilibrio de los derechos y obligaciones. Vital es tener clara la capacidad económica de la empresa, sea estatal o privada, al igual que la dinámica del giro del negocio, más aún en un mundo de economía globalizada, donde el inversionista busca obtener mejores réditos para su inversión.
De lo anterior se colige la necesidad de regular la contratación colectiva, tanto en el sector público, como en el privado, poniendo límites a las demandas de beneficios por parte de los trabajadores, de manera tal que dichas demandas no pongan en riesgo la estabilidad económica de la empresa y la orillen a una quiebra en el caso de las privadas o al cierre en el caso de las públicas, como sucedió con TAME.
No hay mal que por bien no venga, dice el refrán popular. Es hora de que el Estado, a través del Ministerio de Trabajo, cumpla con su deber de ente regulador y fije límites a los requerimientos de los trabajadores dentro de la contratación colectiva, tanto en el sector público como en el privado, para evitar que dicha contratación no pueda ser ejecutada por falta de recursos.