“Puede haber narco política, pero no podemos generalizar”
Los alcaldes están de luto, y piden que se revelen las verdaderas causas del asesinato de la alcaldesa más joven del Ecuador. Sostiene que además de que no son protegidos, actualmente no tienen ni voz ni voto en las reuniones de seguridad. Maldonado enfatiza que las políticas públicas están creadas según el modelo de grandes ciudades pero la mayoría de cantones son pequeños y sin recursos completos para la ejecución de obras.
− ¿Cuál es la posición de AME tras el asesinato de dos alcaldes y varios concejales en menos de un año y medio?
− Nos encontramos sumamente preocupados, hasta el momento no hemos podido sentir una acción contundente por parte del Gobierno Nacional, de alguna forma estamos mucho más expuestos que una persona que no está dentro del ejercicio público sobre todo en los cargos de administrativos.
− ¿Cuántas solicitudes de protección han pedido al Ministerio del Interior?
− Tenemos sendos oficios enviados y alrededor de 10 de los 221 alcaldes tienen resguardo, otros 20 han presentado su queja diciendo que tienen un alto perfil de riesgo y otros 45 no han sido tomados en cuenta, han tenido altercados menores, pero igual registran peligro. Es así que tenemos 75 autoridades que deben tener seguridad pero eso no ha ocurrido.
− En algún momento el alcalde de Durán, Luis Chonillo, responsabilizó al Gobierno Nacional si le pasaba algo, pues son muy lentos para atender estos pedidos.
− Ante la necesidad imperiosa se han visto obligados a contratar seguridad privada. Pero debemos ser un caso prioritario porque también representamos a un territorio y si no estamos a salvo, ¿cómo garantizamos seguridad a nuestros representados?
− El presidente usó el término de narcopolítica para referirse al asesinato de García.
− No podemos tachar rápidamente y queremos exigir que se investigue las verdaderas causas del asesinato porque no podemos ponerles a todos en un mismo espacio y decir que todos los alcaldes están ligados a temas narcopolíticos porque no responde a la realidad.
− ¿Una declaración acelerada?
− La Fiscalía es quien está llamada a investigar y acusar, pero tampoco creo prudente que nos aventuremos a decir eso. Puede haber narcopolítica pero no podemos generalizar y creo que no es pertinente por respeto a la familia, a la gente más cercana de quienes hoy no están. Se debería averiguar y obviamente teniendo los argumentos y pruebas de que es así, se debe indicar a la ciudadanía.
− Tras este crimen, ¿se ha dado algún acercamiento de parte del Gobierno Nacional?
− Yo aprovecho el espacio para indicar que constantemente he intentado comunicarme con la ministra de Gobierno y del Interior, Mónica Palencia; lastimosamente nunca tengo respuesta y hablar con el viceministro Esteban Torres peor todavía, porque lastimosamente no dan oído. Con quien sí hemos podido conversar es con el presidente de la República, no precisamente por este tema.
− ¿En caso de no tener respuestas ustedes tomarán otras medidas?
− Eso deberíamos hacer, pero desde el día lunes nuevamente empezamos a levantar información a través de nuestras unidades técnicas regionales. Tenemos siete priorizadas que están georreferenciadas o ubicadas en diferentes lugares de nuestro país y nuestros coordinadores han empezado a levantar la información para saber quién de nuestros colegas alcaldes tienen la necesidad urgente por la amenaza constante, por ejemplo los de frontera que tienen varias actividades ilegales difíciles de controlar que atraen a las mafias.
− En el régimen anterior eran parte del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), pero ¿por qué ahora no lo son?
− Estamos pidiendo que se nos deje participar, sabemos que el reglamento no nos permite entrar con voz y voto pero sí con voz, para que así se construya una política pública con base en cada uno de los territorios. Hemos propuesto que se haga un cambio, una reforma para participar pero con el Gobierno actual no hemos tenido la apertura, quizá por el estado de excepción, pero lo que hoy se ejecuta en nuestro país es en función de las ciudades grandes que son pocas.
− Pero también existen otro tipo de reuniones en las que pueden participar.
− Lo ideal es que desde cada uno de los municipios traten de tener un Consejo de Seguridad Ciudadana obviamente en medida de su realidad y de sus capacidades no podemos pedir que todas las ciudades tengan sedes como las de Cuenca, Guayaquil o Quito porque somos 85 ciudades pequeñas y en situación de peligro.
− Pero además de la necesidad de protección también está la falta de asignación de recursos
− Lastimosamente tenemos tres, cuatro y hasta cinco meses de valores pendientes por el modelo de equidad territorial. Y obviamente eso repercute directamente en no poder accionar nuestro plan operativo anual.
− También está el aporte en seguridad y apoyo a la Policía.
− Como municipios hemos demostrado siempre la predisposición para poder apoyar al Gobierno nacional o al Estado central. Hoy el país vive una conmoción y una crisis económica y social, que todos estamos siendo testigos y muchas de las veces vemos con impotencia el no poder actuar u operar para favorecer de alguna manera a nuestros ciudadanos.
− ¿Cuáles han sido sus aportes a la seguridad o Policía?
− Desde la dotación de combustible, neumáticos, lubricantes, mantenimientos de vehículos, UPC, y demás cosas. Estamos constantemente en apoyo por los barrios y sus necesidades y eso no está presupuestado y sale de los bolsillos personales de la autoridad local.
− ¿Qué esperan después de estos hechos?
− Esperamos y aspiramos como autoridades locales que esto no vuelva a ocurrir por el bienestar no solo de lo local sino de Ecuador, tenemos que generar acciones inmediatas, trabajar en conjunto con el Gobierno desconcentrado, es decir, con los gobernadores en cada una de las provincias del país.
Siempre intento comunicarme con la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, pero nunca tengo respuestas.
Teniendo los argumentos y pruebas de que es narcopolítica es pertinente decirlo a la ciudadanía, es Fiscalía la que acusa.