Responsabilidad de partidos y movimientos
La Constitución establece como un derecho de participación el de conformar partidos y movimientos políticos. Estos determinan los candidatos para dignidades de elección popular y cuando llegan al gobierno deciden quiénes serán funcionarios de las administraciones públicas locales y nacionales, lo que generalmente es resuelto por el dignatario electo, el líder de la agrupación o la cúpula dirigencial. Los hechos visibilizan las relaciones entre líderes de partidos y movimientos políticos con operadores delincuenciales en las diversas funciones del Estado; algunos, ya despojados de máscaras, con total cinismo y desparpajo defienden a líderes delincuenciales, conspiran y atacan a la fiscal, buscando deshacerse de ella o tratando de que fracase la lucha antidelincuencial para alcanzar impunidad. De la información de medios de comunicación se infiere que se ha conformado desde el mundo de la política un sistema delincuencial compuesto por un círculo de líderes políticos ávidos de enriquecerse con fondos públicos, una estructura de operadores íntimos para articular maniobras delictuosas, ejecutores administrativos y judiciales, y equipos de desinformadores y/o legitimadores de acciones u omisiones delincuenciales. Este sistema delincuencial de iniciativa desde lo político funciona a la par o articulado con la iniciativa de bandas del crimen organizado o mafias del narcotráfico, llegando a constituirse en actores políticos con mucho poder desde la sombra. Fuerzas políticas con oligarquías dirigenciales comprometidas con la corrupción y la delincuencia organizada, alejadas de los fines establecidos en la Constitución: no representan intereses patrióticos, nacionales, democráticos y populares. No han sido tocados por la justicia penal por tener cooptados segmentos de la Función Judicial. Se dirá que la responsabilidad penal es de carácter personal y no se puede endilgar a toda la organización política, pero los hechos revelan que necesitan de la cobertura política otorgada por los sujetos políticos, incluyendo el llevarlos a funciones de representación popular, y ello es corresponsabilidad partidaria o de los gerentes propietarios de las tiendas políticas. Los sujetos políticos que forman parte del poder político tienen gran parte de responsabilidad de lo que ocurre en las funciones del Estado. Es necesario un cambio radical del sistema de partidos y movimientos políticos para transformarlos en verdaderos instrumentos de organización de la voluntad popular y la democracia.