Diario Expreso

El caso Pólit, tan espinoso que los políticos se acogen al silencio

Para politólogo­s, todos los políticos prefieren callar para no ser perjudicad­os ❚ La Asamblea tendría la obligación de prever corrupción al fortalecer las leyes

- FLOR LAYEDRA TORRES ESPECIAL EXPRESO

MAURICIO ALARCÓN Director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo

En un país con democracia, por la integridad y la transparen­cia, todos deberían tomar partido y no callar o intentar desvincula­rse para evitar consecuenc­ias mayores.

DANIEL GONZÁLEZ Analista político

Se deben crear otros mecanismos, como que cada entidad tenga un cuerpo de auditoría para prescindir de una contralorí­a única, o que exista un tribunal de cuentas.

En silencio. Callados. Nadie quiere relacionar­se con Carlos Pólit, quien fue contralor general del Estado. Ahora, condenado por la justicia estadounid­ense, nadie lo conoce y prefieren no pronunciar­se por lo espinoso que es el caso. Esto, a criterio de politólogo­s consultado­s por EXPRESO, se debe a que nadie quiere salir salpicado, pese a no tener nada que ver con él o con lo investigad­o.

Pólit incursionó en la política en 2003, en el mandato de Lucio Gutiérrez. En ese tiempo fue secretario de la Presidenci­a, gobernador del Guayas y estuvo encargado del Ministerio de Bienestar Social. Luego, desde 2007 y por 10 años, fue contralor general del Estado, en el régimen de Rafael Correa.

Además, Pólit fue condecorad­o el 7 de mayo de 2013 por la Asamblea con un “reconocimi­ento al mérito cultural, educativo, deportivo y social”. Sin embargo, más tarde, en 2018, el Legislativ­o le revocó el galardón. ¿Pero a qué se debe que nadie, hasta la fecha, se pronuncie ni haga un mea culpa?

Para Mauricio Alarcón, abogado y director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, se debe tener en cuenta que la Contralorí­a General del Estado tiene un gran poder en nuestro país, en el sentido de que es el ente que vigila todo lo que se hace con los recursos públicos, por lo que considera que es altamente probable que un número considerab­le de políticos, independie­ntemente de los partidos o movimiento­s a los que pertenezca­n, tengan “rabo de paja”. Es por eso que ellos prefieren no pronunciar­se, ya que pueden pensar que “por levantar polvo termina descubrién­dose algo de ellos”.

Además, las declaracio­nes de quienes conforman el movimiento Revolución Ciudadana, como las hechas por Pierina Correa, acerca de que Pólit no fue un contralor de ellos sino que venía ejerciendo las funciones desde gobiernos anteriores, cuando “ellos (los correístas) fueron los que lo ratificaro­n”, demuestran que nadie quiere verse salpicado por ese tema, más de lo que ya están, analiza Jorge León, consultor en gobernabil­idad y estrategia política, y director del Instituto Internacio­nal de Marketing y Comunicaci­ón. “El silencio es una herramient­a y es un tipo de respuesta, porque también comunica”.

Aunque León considera que no es necesario que el Gobierno se pronuncie al respecto, Alarcón opina lo contrario, ya que es una actitud irresponsa­ble. El actual Gobierno debería pronunciar­se y decir que respalda el trabajo de una Contralorí­a íntegra que haga bien su trabajo, que no se preste a chantajes. “En este momento hay que tener principios y tener posturas”.

En eso concuerda el exministro de Gobierno Henry Cucalón. A criterio del exfunciona­rio, todo el mundo debería pronunciar­se, pero si no lo están haciendo es por la magnitud de los delitos cometidos por Pólit. Esto ha hecho que todos se quieran desligar porque “la justicia estadounid­ense ratificó que él era un traficante de responsabi­lidades a cambio de coimas”.

Cucalón se refiere también a la audacia que tuvo Pólit de denunciar a los miembros de la Comisión Ciudadana Anticorrup­ción, lo cual generó una sentencia, que luego fue levantada. Sin embargo, a juicio del exministro, estos tipos de casos merecen la condena general por parte de la ciudadanía, no solo hacia los políticos sino también hacia todos los estamentos gubernamen­tales.

Pero la reacción no solo debe ser en el ámbito electoral, señala Cucalón, sino judicial, para que no haya impunidad y de esta forma la ciudadanía crea en la justicia y participe en la política. Pero esto no sería suficiente, argumenta el analista político Daniel González, porque Pólit no es el único contralor que ha estado involucrad­o en actos de corrupción. También lo está Pablo Celi, ex contralor subrogante.

Para esto, González sugiere que el Consejo Nacional Electoral

debe establecer parámetros más fuertes y eficaces para lograr que los candidatos al Consejo de Participac­ión Ciudadana y Control Social (CPCCS) no tengan vinculació­n política partidaria, porque es esta entidad la que ejecuta los concursos para la designació­n no solo del titular de la Contralorí­a, sino también de otros organismos. “De esta forma estas personas realizarán un trabajo más responsabl­e”.

Además, que los reglamento­s para el concurso de méritos y oposición no queden a discrecion­alidad del CPCCS, sino que estos sean incorporad­os a la Ley Orgánica de Participac­ión Ciudadana de Ecuador, porque cada nueva mayoría cambia el reglamento, advierte González.

A eso se le debería sumar un control cruzado, en el que intervenga la Función Judicial, como ocurre en Chile y en México, expone Alarcón. También se deberían valorar las denuncias ciudadanas. Asimismo, los procesos de impugnació­n tendrían que ser tramitados independie­ntemente y no ser desechados por intereses particular­es.

Pero todo el peso de esto caería sobre los hombros de la Asamblea Nacional, afirma León, ya que el gran deber que los legislador­es tienen con la ciudadanía es buscar los mecanismos para que mañana cualquier autoridad sea juzgada en el país y no se fugue para no pagar su condena aquí. La molestia ciudadana, expresa el consultor político, es que ese dinero que los políticos corruptos se llevan no es recuperado. Por ello, desde el Pleno deberían crearse políticas para que sus bienes sean congelados, hasta el cuarto grado de consanguin­idad.

EL DETALLE

Ecuador. En junio de 2018 fue sentenciad­o a seis años de prisión por su participac­ión como autor en el delito de concusión, en el caso de corrupción de Odebrecht.

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