“En la calle y ante la vista de quién sea”
De varias muertes, dos asesinatos en la vía causaron indignación en los ecuatorianos. Organizaciones femeninas consideran que no sabemos cómo actuar en estos casos.
Cada cuatro días una mujer es víctima de femicidio. Esa cifra llena de pesar a Verónica Vera, representante de la organización Surkuna, para quien la violencia se ha normalizado –de tal forma– que los agresores no sienten reparo alguno de cometer los delitos “en la calle y ante la vista de quién sea”.
El “concepto histórico de que los problemas de pareja se arreglan en casa y que no se debe intervenir está tan arraigado” que, en las últimas tres semanas, dos crímenes en contra de mujeres se han registrado en la vía pública. El primero sucedió el pasado 19 de enero, en las calles Cabezas Borja y Pedro Moncayo, del centro de Ibarra, en Imbabura.
La víctima: Diana Carolina Ramírez, de 26 años. Hoy su familia aún no asimila la partida de la chica, pero sobre todo no logra entender la actuación de las autoridades y de los testigos ante una situación “de vida o muerte”.
A su tío político, Mauricio Castro, le preocupa la falta de un mediador. “Alguien que hubiera podido convencerlo de dejarla ir”. Pero no hubo nadie, durante los 96 minutos que Diana estuvo retenida por su pareja, Yordi Losada, que hiciera algo para evitar su muerte.
Marlon Jácome, abogado patrocinador de la familia de la joven, se siente inquieto por la negación de Fiscalía de realizar una reconstrucción de los hechos. La tarde del lunes ingresó un nuevo pedido para que se despache esta diligencia.
Pero de no ser aceptado realizará una denuncia por omisión a las autoridades, refiere el jurista.
Verónica Vera, por su parte, cree que el femicidio público fue “un llamado de atención para la sociedad en general, sobre cómo actuar y qué se debe hacer en una situación así”.
Para la activista, es sumamente doloroso el mensaje que dejan este tipo de incidentes. “Ni con gente ni sin gente las mujeres estamos seguras. Lo que nos queda es organizarnos, buscar estrategias de autodefensa”, refirió la joven, quien siente que la sociedad no está preparada para actuar frente a este tipo de hechos.
Y eso fue lo que se repitió en el femicidio de Amelia de Jesús Laje, en la calle Luis Vargas Torres, de Pisulí, en el norte de Quito. Pese a que ese viernes 8 de febrero los vecinos aseguraron haberle lanzado piedras a Miguel Aguirre, implicado en su muerte, ninguna persona se atrevió a quitarle el arma al agresor.
“Por miedo nadie se mete... Lo que hacen es un registro morboso (vídeo) de lo que pasa, pero no saben cómo evitarlo o intervenir”, detalló la vocera del organismo feminista.
VULNERABILIDAD AL MÁXIMO
Verónica resaltó que en el momento en que una mujer es valiente y se atreve a terminar con una relación marcada por la violencia o pide una boleta de auxilio es más vulnerable a un ataque o a un femicidio, que desde que se tipificó su figura en 2014, con el Código Orgánico Integral Penal, ya ha sumado 600 víctimas. “Cuando la mujer lo deja, el hombre siente que pierde poder y esa propiedad que cree tener sobre ella”, puntualiza Vera.
Es una especie de “resentimiento” la que motiva al sujeto a arremeter en contra de quien se está rebelando o decidió ponerle un alto a su dominio.
Sin embargo, la problemática no termina ahí. En los dos casos de femicidio público, los verdugos han intentado quitarse la vida.
Losada, un venezolano de 22 años, trató de autoeliminarse en la celda número dos del Área Transitoria del Centro de Rehabilitación Social de Latacunga, en Cotopaxi, pero no lo logró. Días más tarde volvió a intentarlo, pero nuevamente fue atendido por el
personal médico del lugar.
Por otro lado, Miguel Aguirre, de 59 años, se encajó su propio puñal cuatro veces. Al momento permanece asilado en el hospital Pablo Arturo Suárez, en el norte de la capital. Una vez que sea dado de alta será trasladado a Latacunga, mientras dura la instrucción fiscal.
SU “PROPIEDAD”
Para la psicóloga clínica Alejandra Rivadeneira, “no es la
culpa” la que lleva a los victimarios a atentar contra su propia vida, sino la pérdida de la mujer que asumen que les pertenece.
“El agresor está obsesionado con su pareja o, generalmente su expareja; la considera un objeto de su propiedad, pero al asesinarla como demostración de su poder pierde el sentido de su vida, porque ya no hay a
quién dominar ni a quién poseer”, explicó.
En un análisis particular, Rivadeneira se atreve a decir que: al menos uno de cada cinco femicidas opta por el suicidio. “La gente piensa que es por no ir a la cárcel, pero suele ser más porque con la muerte de la mujer no existe de quién apropiarse”, manifiesta.
Pero, por otro lado, las secuelas psicológicas se evidencian más que nada en el núcleo familiar, principalmente en los niños. Según la organización internacional Save The Children, ellos son víctimas no solo porque suelen ser testigos de la violencia entre sus padres, sino porque crecen creyendo que esto es normal en los adultos.
El tío de Diana menciona que el apoyo psicológico es fundamental para superar la situación. Y los dos niños de la fallecida, que quedaron en la orfandad, reciben acompañamiento por parte de la Secretaría de Derechos Humanos. Actualmente viven con su padre, aunque toda la familia está pendiente de ellos. Se trata de un niño de seis años y una nena de cuatro.
Por el lado de Amelia quedan sus tres hijos, el menor tiene 18 años y es uno de los versionantes en el proceso judicial. La mañana del crimen su padre habría rondado la vivienda de la mujer desde las 09:00.
Según Fiscalía, él lo habría amenazado con llamar a la Policía para que se alejara. Pese a ello, cuando la víctima salió a una cita médica, él la interceptó. El informe forense refiere que tenía varios cortes en las manos y en los brazos como heridas de defensa.
A pocos metros, la progenito- ra de Amelia clamaba que la ayudaran. Por la situación que debió enfrentar ese hogar, la jueza Mayra Pilco también dictó medidas de protección para los hijos de la fallecida y atención psicológica para el núcleo familiar.
Además, la Unidad de Policía Comunitaria más cercana a la vivienda deberá activar un botón de pánico para los afectados.