Pide declarar las cárceles en emergencia

La entidad concluyó que existen 17 problemáticas luego de realizar 172 visitas a estos centros.

Sobrepoblación, hacinamiento, insuficiente personal de seguridad y extorsiones son algunos de los 17 problemas que la Defensoría del Pueblo detectó en su último informe sobre este sistema.

Gina Benavides, defensora del Pueblo, afirmó que existe un problema estructural que deviene en la violación de los derechos humanos y tortura de las personas privadas de la libertad (PPL).

Para lo cual la entidad analiza interponer una acción de protección a la política penitenciaria y realizó la petición de que el Gobierno nacional lo declare en emergencia, para que se asignen los recursos necesarios. “Debe tener un enfoque en las condiciones internas de los centros. No existe una política integral”, sostuvo.

Gabriela Hidalgo, directora del Mecanismo de Prevención de Tortura, Tratos Crueles inhumanos y Degradantes, afirmó que una de las causas de la situación han sido las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), en el que se han tipificado más delitos, tanto así que de 2009 a 2019 la población carcela- ria se ha triplicado de 11.279 a 38.602 personas.

Este organismo empezó sus actividades en 2012, en las que realiza visitas sistemáticas en los centros. “En su momento se entregaron varios informes y recomendaciones que no se han tomado en cuenta”, dijo. Recalcó que se declaró la emergencia en 2007 y otra en 2010, “el dinero no fue dirigido para mejorar los centros antiguos”. El de Ibarra es uno de los más críticos, pues tiene más de cien años de antigüedad y al momento habitan 800 personas, cuando la capacidad es de 150, según Hidalgo.

Insistió, además, en una política pública de prevención del delito, más que en el endurecimiento de penas “que no ha reflejado en su disminución”.

“La solución no recae en crear más centros”, comentó.

Otro de los temas más preocupantes es la revisión invasiva de los visitantes, en las que incluso se les retira su ropa y se les revisa sus cavidades, y aún así se registra el ingreso de armas de fuego.

Así como el limitado o nulo acceso a actividades educativas o laborales que permitan una verdadera rehabilitación.