Fuerte sanción a la corrupción
Ante el tan elevado índice de corrupción que se ha presentado en varias entidades y que ha sido aprovechado por algunos funcionarios públicos ante la necesidad de adquirir insumos médicos para hacer frente a la presencia de la COVID-19, el presidente Lenín Moreno ha planteado una severa reforma al Código Integral Penal para combatir la corrupción en situaciones de emergencia.
El documento propone que se eleve de 12 a 25 años la pena de cárcel para quienes se beneficien con actos de corruptela. Lo hace motivado por las denuncias de sobreprecios que se pagaron por todo lo adquirido durante la emergencia sanitaria, tomando en cuenta el inmenso monto de esas ganancias ilegales que tanto perjudican al Estado y al pueblo ecuatoriano.
La magnitud de deshonestidad en estos últimos meses ha sido tal que instituciones tan importantes como el IESS y la Policía Nacional han tenido que ser intervenidas.
Lo último fue el haber descubierto presuntos casos de corrupción en el Municipio de Quito y en la Prefectura del Guayas, cuyas dependencias tuvieron que ser allanadas por la fuerza pública y representantes de la Fiscalía, obligando al alcalde Jorge Yunda y al prefecto Carlos Morales a aclarar lo ocurrido con dichos contratos y que serán estrictos para colaborar con las investigaciones que se exigen.